Luego de la polémica aprobación de un relleno que acopiará residuos industriales en Tiltil, el tema de la contaminación ambiental se ha puesto en la palestra nuevamente.

Esta problemática, que afecta a distintas comunas del país y que ha sido tema de debate obligado entre autoridades y expertos, es para Kay Bergamini, docente e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, una muestra de que "el país nos está quedando chico".

¿Favorece la institucionalidad ambiental del país a que ocurran estos casos?

Tenemos que ir avanzando institucionalmente. Hemos estado muy centrados en lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental y poco en resolver los problemas de calidad ambiental que vive el país en su conjunto. No solo el tema de aire, sino que también la calidad del agua, de suelo y la biodiversidad.

Una modificación a un plan regulador tarda hasta diez años. ¿No es un periodo excesivo?

Efectivamente, diez años es un plazo largo. Los planes reguladores comunales, por ejemplo, toman siete años, pero el problema no es la elaboración de este, que puede demorar uno o dos años. Lo que se demora después es la fase de aprobación (...) hay un tema de burocracia que lo hace bastante lento. Y ahí uno debiese decir: "Tenemos que revisar estos mecanismos de aprobación de instrumentos de planificación para que no sean tan engorrosos".

Las localidades de escasos recursos son las más impactadas por esta situación. ¿Por qué?

No se da solo en comunas de bajos recursos. Hay un proceso que favorece esto. Por ejemplo, no sé cómo era Huasco hace 50 años, quizás podría haber sido una comuna rica, pero desde que se instala una planta de pellets, nadie quiere irse a vivir ahí y decae la inversión. Con esto se va produciendo un círculo: va aumentando la pobreza junto con esta contaminación. Esto va facilitando que se vayan instalando nuevas industrias problemáticas. Eso refuerza la pobreza en el lugar.

¿Cómo define la actitud de la autoridad respecto de estos temas?

Uno ve que países vecinos invierten un mayor porcentaje del PIB en la protección del medioambiente de lo que gasta Chile. Efectivamente, eso va a redundar en que haya falencias institucionales.