Luego que la Junta Unica de Resolución Europea resolviera la venta del Banco Popular de España a Santander por la suma simbólica de un euro, dejando a los 305 mil accionistas de la entidad sin derecho a cobrar su porcentaje en la propiedad, diversos inversionistas han contactado a estudios de abogados para analizar las opciones legales, mientras un grupo de minoritarios presentó la primera medida ante la Fiscalía Anticorrupción de este país.
El grupo de 385 inversionistas, agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó este jueves una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, contra los ex gestores de la entidad, entre los que se encuentran el ex presidente Emilio Saracho.
Los accionistas piden que se estudie si ha habido o no una "manipulación del precio de la acción" y, por otro, que analicen la administración que han llevado los gestores en los últimos meses. "Han generado (los administradores) una auténtica manipulación para alterar el precio de la acción y creemos que ha sido una administración temeraria, sobre todo, desde la última junta", dijo el presidente de Aemec, Javier Cremadas, según reportan medios españoles.
"Estamos convencidos de que la justicia va a acabar poniendo un precio a la confiscación de estas acciones. No se puede de un día para otro borrar un banco sistémico de la Unión Europea, que tenía más de 300.000 propietarios", agregó.
OTROS INVERSIONISTAS
Ayer el empresario Andrónico Luksic, que a través de Aeris Invest -perteneciente a Vallum Foundation- poseía el 3% del banco anunció que la empresa está analizando apelar a la medida. El directorio que gestiona las inversiones de Luksic en Europa, compuesto por Davor Luksic, José Ignacio Bulnes, Nicolas Barraza y Michael Franken analizaba las opciones legales y fuentes al tanto comentaron que se habrían contactado con abogados locales para analizar las opciones a tomar.
Pero no son los únicos, asociaciones de consumidores, accionistas minoritarios, bonistas e inversionistas institucionales amenazan con demandas millonarias por los daños causados y advierten que sólo el aumento de capital de 2016 suma alrededor de 2.500 millones de euros, a los que habría que añadir el dinero perdido por la amortización de la acción, la deuda subordinada y los bonos convertibles.
Santander podría verse obligado a pagar si los abogados pueden demostrar que Popular engañó a los inversionistas cuando realizó el aumento de capital en mayo del año pasado. Popular dijo en ese momento que el efectivo recaudado reforzaría su posición de solvencia y le permitiría normalizar su política de pagos de dividendos en efectivo para 2018.
Según señaló Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria de Jausas, un estudio de abogados de Barcelona, al diario Expansión, ahora se abren diferentes frentes legales, aunque la situación no está exenta de incertidumbre, ya que se trata de una operación que tomó por sorpresa al mercado y de la que no existe precedente en España.
El abogado explicó que una parte es muy similar a la situación que ya se vivió con la salida a Bolsa de Bankia, ya que el rescate de Popular evidencia que las cuentas utilizadas para el aumento de capital no reflejaban la situación real de la entidad. Este estudio, que representa a inversionistas institucionales, grandes patrimonios y fondos de pensiones, entre otros, ya está estudiando la posibilidad de presentar una querella por estafa a inversionistas.
En tanto Fernando Zunzunegui, abogado con sede en Madrid que está considerando una demanda colectiva contra Popular en nombre de un grupo de clientes, dijo que este es un claro caso de representación imprecisa de las cuentas del banco en un prospecto. "¿Cómo es posible que Popular haya llegado a esta situación si hace apenas unos meses era un banco solvente?", afirmó.
Bankia SA fue obligado a reembolsar a 200.000 pequeños inversionistas que participaron en una oferta de acciones en 2011, un año antes de que España recibiera 41.000 millones de euros de Europa para rescatar al banco.
La Junta Unica de Resolución Europea decidió la venta en el marco de la aplicación del Mecanismo Unico de Resolución (MRU) después que el Banco Central Europeo (BCE) determinara la inviabilidad del Popular. Esta es la primera vez que se emplea este mecanismo europeo, vigente desde enero de 2016, cuyo objetivo es gestionar las crisis de entidades financieras que no sean viables, sin recurrir a fondos públicos.
Aunque los accionistas resultaron afectados, el acuerdo salvó 77.000 millones de euros de depósitos y cerca de 1.000 millones de euros de deuda sénior no garantizada que podría haberse perdido si Popular hubiera quebrado, algo que el Banco Central Europeo advirtió que podría haber ocurrido dada la carga de la deuda de la compañía de 37.000 millones de euros.
