Los acreedores europeos de Argentina han tomado ya medidas para tratar de lograr el desbloqueo de los últimos pagos efectuados en su favor, y que no han recibido por decisión de la Justicia estadounidense.
Así lo señaló el abogado de varios de estos bonistas, Christopher Clark, en un documento remitido esta semana al juez encargado del caso, Thomas Griesa, en el que insiste en que sus órdenes no son aplicables a los tenedores de deuda europeos.
Según Clark, Griesa debería aclarar a las entidades financieras encargadas de gestionar las transacciones que las decisiones del tribunal estadounidense no les son aplicables y que, por tanto, si no transfieren el dinero pueden enfrentarse a acciones legales fuera de EE.UU.
En concreto, el abogado de los fondos europeos se refiere a los casos de las ramas luxemburguesa y belga del Bank of New York Mellon y al de la entidad belga Euroclear.
Según Clark, todos ellos están obligados por las legislaciones de sus países a completar los pagos, dado que EE.UU. no tiene jurisdicción sobre sus transacciones.
De hecho, señala que los bonistas europeos ya han iniciado un litigio en Bélgica contra Euroclear y el Bank of New York Mellon Bruselas para "obtener una orden que confirme que los requerimientos (de la Justicia de EE.UU. a esas entidades) no son aplicables allí".
Estas acciones llegan después de que Griesa declarase "ilegal" el pago que a finales de junio Argentina hizo a los acreedores de deuda reestructurada.
Esos fondos -gran parte de ellos ingresados al Bank of New York Mellon- permanecen bloqueados por instrucción del juez, que considera que el país debe pagar antes a los llamados "fondos buitre".
El viernes el Gobierno argentino anunció el envío de un requerimiento a esa entidad para que realice el pago a los bonistas reestructurados con el dinero depositado por el país.
Una representación argentina estará mañana en Nueva York para reunirse con Daniel Pollack, el mediador designado por Griesa para tratar de avanzar en las negociaciones entre el país y los fondos que no se acogieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Esos fondos reclaman una deuda de unos 1.300 millones de dólares, más intereses, y han puesto a Argentina en riesgo de cese de pagos, pues si abona esa cantidad se expone a futuras demandas del resto de bonistas para cobrar también la deuda íntegra, que podría ascender, en total, a la impagable suma de 120.000 millones de dólares.
Los fondos europeos, que forman parte del grupo mayoritario de acreedores con deuda reestructurada, defendieron en su último escrito a Griesa la negociación para tratar de lograr un arreglo satisfactorio para todas las partes.
