Acreedores rechazan convenio preventivo de Curauma y justicia resolverá declaración de quiebra

La Tesorería General de la República nuevamente no concurrió a la junta de acreedores de la inmobiliaria Curauma, ligada Manuel Cruzat, con lo que no se contó con el quórum para realizar el encuentro donde debía aprobarse el convenio judicial preventivo.

"Hoy 7 de noviembre de 2013, al tratarse de la continuación de una junta que no reúne el quórum para aprobar el convenio preventivo, la Tesorería General de la República no compareció a la audiencia. Ocurrido lo anterior, corresponde que el Sr. Arbitro remita los antecedentes a la justicia ordinaria competente para que resuelva conforme a derecho, esto es, la declaratoria de quiebra de Curauma S.A", aseveró el organismo estatal.

A mediados de octubre la Tesorería, que es el principal acreedor de Curauma con un 46% equivalente a US$30 millones, también había decidido no otorgar el quórum necesario para la realización de la junta, por lo que el juez árbitro, Diego Munita, había citado a nuevo encuentro para este jueves.

La Tesorería basó su decisión en dicha ocasión "en atención a que la proposición del deudor difiere sustancialmente de las condiciones que este organismo público otorga a cualquier contribuyente moroso, entre ellas los plazos para el pago de la deuda, los intereses aplicables, el monto de las cuotas ofrecidas para el pago, entre otras, situación que se ha mantenido en las sucesivas propuestas de modificación al convenio ofrecido originalmente. Junto con lo anterior, la situación jurídica del patrimonio del deudor se vio alterada al no efectuar la opción de compra de los terrenos indicados en el convenio original".

Por otra parte, el organismo sostiene que a pesar de que no se reunió el quórum suficiente para conocer y votar la propuesta de convenio, el juez árbitro resolvió la suspensión de la junta de acreedores con el objeto de que Curauma presentara nuevas modificaciones a la proposición de convenio, para lo cual le dio plazo hasta el 30 de octubre.

La sociedad deudora no presentó las modificaciones al convenio en el plazo señalado, pero el 29 de octubre presentó ante el juez árbitro un escrito de nulidad de todo lo obrado, "absolutamente contraria a la solicitud de convenio preventivo y a su pretensión de que los acreedores acogieran la citada propuesta de convenio", agregó la Tesorería.