El gobierno y los líderes de una protesta contra un millonario proyecto minero en el norte de Perú acordaron hoy que un jerarca católico actúe como mediador en el conflicto, que ya ha dejado cinco muertos.
El Presidente Ollanta Humala dijo que el gobierno propuso a los dirigentes de la protesta contra el proyecto minero Conga que el arzobispo de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos, medie en el conflicto
Horas después, dirigentes cajamarquinos dijeron que aceptaban la mediación del prelado, pero pidieron que se levante el estado de emergencia decretado por el gobierno en Cajamarca.
En tanto, miles de personas en el poblado de Celendín acompañaron el viernes el cortejo fúnebre de una de las víctimas de las protestas, desafiando el estado de emergencia que suspende derechos como el de reunión pública. La policía se limitó a observar la movilización.
El gobierno ha buscado la ayuda de la Iglesia Católica para facilitar un entendimiento con los dirigentes, luego de una escalada de las tensiones a raíz de violentas protestas contra el proyecto Conga, y la consiguiente declaratoria del estado de emergencia para prevenir nuevos desórdenes.
Un sector de la población de Cajamarca, principalmente del ámbito rural, se opone al desarrollo de Conga por considerar que afectará sus fuentes de agua y dañará irreversiblemente el medio ambiente.
El gobierno auspició un peritaje internacional al estudio de impacto ambiental realizado, y exigió a la estadounidense Newmont, dueña del proyecto, que haga algunos cambios para garantizar la provisión de agua, pero ello no ha calmado las protestas de los cajamarquinos.
El martes y miércoles en los poblados de Celendín y Bambamarca se suscitaron violentos choques entre manifestantes y la policía que dejaron cinco muertos civiles, incluido un menor de 17 años. Los cinco murieron por heridas de bala.
El organismo internacional Human Rights Watch demandó el viernes al gobierno peruano que lleve a cabo "una pronta, profunda e imparcial investigación" de las muertes ocurridas, así como del arresto del ambientalista y ex sacerdote, Marco Arana, quien denunció, tras su liberación el jueves, haber sido maltratado duramente por la policía.