La suscripción de ese convenio generó grandes tensiones entre Colombia y los países de la región, como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil.

El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, explicó que el tribunal concluyó que, contrario a lo que siempre alegó el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, el convenio no era una simple extensión de los acuerdos militares que Colombia ha suscrito con EE.UU. desde 1952.

González sostuvo que el convenio contiene "nuevas obligaciones", que, según la Corte, "exceden" lo que ya se había pactado y que, por esa razón, lo devuelve al presidente de la República.

Eso significa, en otras palabras, que el uso de las siete bases, que es lo nuevo frente a los anteriores convenios militares, entre ellos el Plan Colombia, queda sin vigencia.

"NO PUEDE APLICARSE"
"No puede aplicarse el acuerdo de 2009", declaró el magistrado González, luego de subrayar que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del convenio, que fue demandado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización defensora de derechos humanos.

Sin embargo, González precisó que los demás convenios militares siguen vigentes, entre ellos el Plan Colombia, gracias al cual 500 militares y 300 contratistas de Estados Unidos pueden permanecer en Colombia para operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla.

El gobierno aceptó la decisión de la Corte y en un comunicado leído por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que estudiará la decisión "a la luz de las normas del derecho internacional".

Aún no se sabe si el gobierno, que asumió el pasado 7 de agosto, llevará el texto del convenio al Congreso para que lo ratifique, como lo dispone la Constitución de Colombia en materia de tratados internacionales.
Repercusiones

El presidente del Senado, Armando Benedetti, declaró que él siempre alegó que el convenio debió haber sido llevado al Congreso.

Otro senador, Camilo Sánchez, del Partido Liberal, opinó que la decisión de la Corte no lo sorprende, porque "estaba cantada".

No obstante que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene amplias mayorías en el Congreso, aún no se sabe si decide someter el texto a su consideración.

En diálogo con BBC Mundo, el profesor Francisco Leal, un veterano experto en temas militares, señaló que "lo más sano para una democracia es que un tema de esta naturaleza sea debatido en el Congreso".

"Es probable que el gobierno tenga las mayorías suficientes para aprobarlo, pero el debate público le da más claridad al tema", declaró Leal, profesor honorario de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.

Según Leal, que el Congreso intervenga en la aprobación del texto "le da la transparencia que el acuerdo no tuvo al comienzo".

Colombia decidió hacer público el texto cuando surgió la polémica con los demás países, como una muestra de que no había nada oculto en la negociación.