Para la segunda semana de agosto la oposición tiene programado concretar una ofensiva que viene siendo analizada hace algunas semanas: ingresar una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

La acción -explican en Chile Vamos- se concretará después de la interpelación a la secretaria de Estado, que se realizará el 2 de agosto (ver recuadro).

Así, en la bancada UDI ya prepararon un documento que esgrime los principales lineamientos de lo que sería dicha acusación, texto que se centra en tres principios constitucionales que, a juicio del bloque opositor, no han sido cumplidos por la titular de Justicia. Todo esto, abriendo un nuevo flanco para la secretaria de Estado e involucrando en la ofensiva no sólo las irregularidades por pensiones en Gendarmería, sino que también las situaciones que se viven en el Sename, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil.

El texto, de seis páginas, fue coordinado por el jefe y su jefe de la bancada, Juan Antonio Coloma y Gustavo Hasbún. Y en él se apunta a tres presuntas infracciones a la Constitución. El primero de ellos es el incumplimiento del principio de probidad.

Entre las faltas que atribuirán a Blanco se encuentra el no "observar una conducta funcionaria intachable" y no "desempeñar honesta y lealmente la función o cargo". Junto con esto, la minuta alude a la "preeminencia" que deben otorgar los funcionarios al "interés general por sobre el particular".

"Es dable advertir que la ministra de Justicia ha sido duramente cuestionada por altos mandos de Gendarmería de Chile, servicio público dependiente del Ministerio que ella conduce, en torno a privilegiar la promoción de puestos y remuneraciones de funcionarios de la institución de una forma alejada a los procedimientos establecidos. Lo anterior, de acuerdo a un criterio político partidista y no técnico", se acusa en el escrito.

Esos cuestionamientos van en línea con las críticas planteadas por dirigentes de Gendarmería en las últimas semanas, quienes ayer reforzaron sus reparos al desempeño de la titular de Justicia. El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joel González, dijo que "la gestión de la ministra Blanco ha sido deficiente, pobre, y no ha tenido supervigilancia sobre los servicios bajo su control, cuando en algún minuto se le dio cuenta sobre distintas situaciones que pasaban en la institución".

Como segundo eje, la acusación constitucional se centrará en el principio de igualdad ante la ley, el que, según se detalla el documento, habría sido transgredido por tres factores: "Las altas pensiones de funcionarios públicos", la crisis del Sename que afecta a "cientos de menores", y la "realidad de servicios como la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio de Registro Civil e Identificación".

En un tercer elemento, el texto acusa una infracción al principio de servicialidad, que se basa en que "el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común". Así, en la minuta se lee que "la existencia de graves anomalías en el funcionamiento de organismos y la labor de servicio que la Constitución encomienda al Estado se ha visto severamente afectada en la gestión de la actual ministra". Además, se apunta a una supuesta vulneración de La Ley General de Bases de la Administración del Estado, "principalmente a través de la transgresión de los principios de coordinación, eficiencia y eficacia".

Los cálculos

En la UDI ya se encuentran sacando cuentas con miras a una eventual votación de la acusación en la sala, que primero debe ser ingresada con 10 firmas para crear una comisión de cinco diputados que deberá emitir un informe. Ese texto debe ser aprobado o rechazado por la mayoría simple de los presentes en sala.

Así, a los 44 votos que poseen RN y la UDI, esperan sumar apoyos del PR -considerando que el diputado Fernando Meza aprobó ayer la interpelación a Blanco-, de parlamentarios de Amplitud y de los independientes Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, quienes también habían impulsado una interpelación y que han cuestionado la gestión de Blanco.