Un viaje a San Pedro de Atacama, para asistir a la inauguración del observatorio astronómico Alma, fue el justificativo que entregó ayer el ministro Harald Beyer para su ausencia a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara en la que se analizaría la situación de los alumnos de la U. del Mar.

La ausencia de Beyer provocó la molestia de los parlamentarios de la oposición en la instancia, quienes, al término de la sesión, anunciaron la presentación de una acusación constitucional en su contra.

Si bien el anuncio tomó por sorpresa al oficialismo, se trata de una definición que las bancadas opositoras venían trabajando desde hace meses y que fue visada por las dirigencias partidarias en enero, como parte de una ofensiva fiscalizadora en la recta final del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. No obstante, hubo otro factor que obligó a adelantar la arremetida: el marcado despliegue de La Moneda en el acto de celebración del tercer año de gobierno.

La presencia de los presidenciables de la Alianza en el acto oficial, la entrega de un bono especial para la clase media y el adelanto del reajuste al salario mínimo fueron parte del diseño, que incluyó, además, duras críticas a los gobiernos de la Concertación.

Como respuesta, la oposición activó a sus equipos fiscalizadores para dar curso a la acusación constitucional, que se suma a la querella presentada el lunes en contra del director del SII, Julio Pereira.

En el plano político, ayer, en la oposición apuntaron al intervencionismo electoral de La Moneda.

ABANDONO DE DEBERES
Desde enero, un grupo de abogados de las bancadas opositoras viene redactando el texto que comenzó a ser distribuido ayer -y será presentado la próxima semana- entre los legisladores de la oposición para su revisión. El libelo esgrime una supuesta falta a la Constitución de Harald Beyer como secretario de Estado, al "dejar sin ejecución las leyes" referidas a las sanciones estipuladas en la Carta Fundamental para regular y sancionar el lucro en las instituciones de educación superior.

"La circunstancia de omitir el cumplimiento de obligaciones conforme al orden jurídico vigente y que en tanto titular del ministerio que dirige le corresponden, particularmente, la de fiscalizar las actividades de su respectivo sector, faltando con ello gravemente a uno de los principios que constituyen los pilares fundamentales de un Estado de derecho", es uno de los argumentos del documento, además de "no dictar oportunamente los reglamentos necesarios".

El libelo acusatorio adjunta, entre otros documentos, las principales conclusiones de la comisión investigadora y el informe del consejo asesor presidencial para la educación superior de 2008.

Subsecretario Fernando Rojas calificó la acusación como "infundada".