A las 17.30 de ayer, un funcionario de la Cámara de Diputados llegó al despecho del ministro de Educación, Harald Beyer, para entregarle personalmente la notificación de la acusación constitucional presentada por diputados de oposición.
Con esta diligencia comenzó a correr el plazo de 10 días que tiene Beyer para hacer sus descargos o declarar personalmente ante la comisión acusadora, integrada por tres diputados UDI y dos de la DC.
El libelo interpuesto el martes busca hacer valer responsabilidades al ministro porque -a juicio de la oposición- no ejerció su rol de fiscalización frente al lucro en que estarían incurriendo algunas universidades privadas, no controló a sus subordinados y faltó a la verdad en este tema.
Aunque la decisión de presentar la acusación fue respaldada en forma unánime por los jefes de bancada de la oposición, entre las filas opositoras se han abierto grandes flancos sobre la pertinencia jurídica y política de esta arremetida. De hecho, los precandidatos presidenciales de la oposición, Claudio Orrego (DC) y Andrés Velasco (independiente), expresaron sus reparos.
Las diferencias se agudizaron con las declaraciones del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien cuestionó que se trate de responsabilizar a Beyer por un problema que se arrastra por décadas.
Durante la mañana de ayer, el celular de Quintana no dejó de recibir llamadas. Entre ellas, las del senador PPD Guido Girardi, quien se reunió a solas con el timonel de su partido para hacerle ver la molestia por sus dichos.
Lo mismo hizo el jefe de bancada de diputados PPD, Marco Antonio Núñez, quien escoltado por sus legisladores dijo que la posición de Quintana era "minoritaria" en el partido. En esa línea, Núñez garantizó que todos los diputados PPD apoyarían la acusación.
Cercanos a Quintana señalaron que el timonel PPD hizo ver sus reparos en la reunión de directiva del lunes y en el almuerzo que sostuvo con los diputados el martes. Estos apuntan a que el libelo no tiene mérito jurídico ni político. Sin embargo, legisladores dicen que en ambos encuentros Quintana asintió al acuerdo de iniciar una ofensiva con Beyer.
Desde el PS también hubo críticas. El presidente del partido, Osvaldo Andrade, dijo que las declaraciones de Quintana eran "impertinentes", toda vez que el Senado debe actuar como jurado, si es que llegase a prosperar el libelo. El ex titular del Senado Camilo Escalona señaló que "el Senado es la última instancia de una acusación, de manera que no procede que sus miembros se hagan parte del debate de la primera instancia, que es la Cámara".
A las críticas contra Quintana también se sumaron diputados de la DC, como Aldo Cornejo y Gabriel Silber.
SILENCIO DE BACHELET
La ofensiva contra el titular de Educación se activó en la antesala del regreso a Chile de la ex mandataria Michelle Bachelet, previsto para la próxima semana.
En ese contexto, ayer surgieron los primeros emplazamientos oficialistas para que la ex jefa de Estado se pronuncie sobre el libelo.
"Hemos visto cómo los candidatos presidenciales de nuestra coalición han dado su apoyo a lo que ha hecho el ministro Beyer. Hemos visto también cómo Orrego y Velasco sostienen que esto es una maniobra de la vieja política y que no le hace bien a nuestra institucionalidad", argumentó el jefe de bancada de RN, Pedro Browne, antes de conminar a Bachelet a que "todo Chile conozca qué opina respecto de esta situación".
El mismo emplazamiento fue reforzado por el líder de los diputados UDI, Gustavo Hasbún, quien afirmó que "uno esperaría que Bachelet salga a dar su opinión política respecto de por qué durante su gestión jamás se fiscalizó. Si van a acusar constitucionalmente a Beyer, ¿por qué la Concertación no acusó a sus propios ministros?".
En el entorno de la ex mandataria señalan que ésta se ha mantenido al margen de la acusación contra el titular de Educación.
Entre los parlamentarios más cercanos a la ex jefa de Estado, sin embargo, existen discrepancias sobre los efectos del libelo sobre la eventual repostulación de Bachelet a La Moneda.
Un grupo de estos legisladores sostiene que la acusación genera un escenario de dispersión en las filas opositoras y agudiza -de manera innecesaria- la hostilidad oficialista en contra de la ex mandataria en la antesala de su regreso. Otro grupo, en tanto, afirma que ambas acciones no son vinculantes.
En el oficialismo, sin embargo, el factor Bachelet estará presente. Ayer se constituyó la comisión de la Cámara de Diputados encar- gada de evaluar el libelo. La instancia -que será presidida por el UDI Cristián Letelier- está integrada por Gastón von Mühlenbrock y Mónica Zalaquett, ambos gremialistas, y los DC Carolina Goic y Fuad Chahín, seleccionados por sorteo.
En la primera lista de invitados, además de constitucionalistas, se acordó invitar a dos ex funcionarios de los gobiernos de la Concertación: Pilar Armanet, jefa de Educación Superior y ex vocera de Bachelet, y María José Lemaitre, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Educación.
