EL 2016 fue un año duro para Javiera Blanco. Al frente del siempre complejo ministerio de Justicia, debió enfrentar dos polémicas de proporciones por servicios a su cargo: la controversia por el "jubilazo" de Gendarmería y la gestión del Sename, que terminó con una interpelación en el Congreso liderada por la diputada Marcela Sabat.
La evaluación general en el mundo político apuntaba a que Blanco había sobrevivido en su cargo mucho más de lo que un político habitualmente hubiera resistido. Una figura con redes transversales tejidas durante años –primero como subsecretaria de Carabineros y luego al frente de la fundación Paz Ciudadana-, fue una de las voceras de la segunda campaña de la Presidenta e ingresó al gabinete como ministra del Trabajo.
En la primera gran modificación del equipo, su nombre se mencionaba entre los que podían salir por mala evalución, pero también las posibilidades la colocaban a cargo de la vocería del gobierno. Su rol en Justicia, sin embargo, la dejó expuesta a múltiples críticas y problemas, especialmente en un ministerio que debe supervisar una serie de reparticiones con variados objetivos y enfoques.
En los últimos días, de hecho, en el oficialismo y la oposición manifestaban su extrañeza porque Blanco -de cuya cartera depende el Registro Civil- no hubiera tomado un rol más protagónico en el debate de soluciones al problema del padrón electoral. El tercer problema de envergadura en menos de seis meses en su cartera lo que selló la salida de una de las ministras más cercanas a Michelle Bachelet.
Quien reemplazará a Blanco es Jaime Campos, abogado radical y quien fuera ministro de Agricultura en el gobierno de Ricardo Lagos, donde le tocó compartir el gabinete con la actual mandataria.
