Adolescentes infractores de ley: La última oportunidad

El pasado 4 de noviembre, el mismo día de su cumpleaños, Cristóbal Cabrera, también conocido como el "Cisarro", se enfrentaba nuevamente a la justicia por robar una casa en La Reina, junto a dos de sus vecinos de la Villa Cousiño Macul. En esa ocasión, el joven de 18 años recibió una sanción privativa de libertad de cinco años en el Centro Metropolitano Norte (CMN) de Til-Til, lugar donde ya estaba cumpliendo otros dos años. Después de completar esa condena, deberá estar en un régimen semicerrado por otros cinco años y luego sumar siete años de libertad asistida especial, es decir, a los 37 años recién terminará de pagar todas las sanciones que recibió como menor de edad.

Cristóbal forma parte de los 15.488 jóvenes, de 16 y 17 años, que en el 2016 fueron sancionados por algún tribunal del país tras infringir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En el caso de los de 14 y 15 años, la cifra corresponde a 5.047.

¿Es posible rehabilitar a estos jóvenes que para muchos son "insalvables"? La idea de que la adolescencia sea un nuevo periodo sensible para la plasticidad del cerebro, es decir, que entre estos años habría una nueva ventana de intervención para mejorar problemas sicosociales, ha ganado fuerza en el plano de la neurociencia.

En ese contexto, la mayoría de las intervenciones apuntan a reunir a los jóvenes con adultos significativos (sean padres, profesores, tutores, etc.) que puedan acompañarlos y apoyarlos en su proceso de recuperación. Por supuesto, los tratamientos para problemas de salud mental o consumo de drogas deben ir de la mano con estos programas. "Diría que nunca debemos creer que un niño está más allá de la esperanza respecto a las intervenciones que se pueden hacer", dice Kate McLaughlin, sicóloga y directora del Laboratorio de Estrés y Desarrollo de la Universidad de Washington.

Encontrar un compañero

Osvaldo Torres, antropólogo social y director ejecutivo de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)

"Un punto clave que hay que entender es que todo esfuerzo por prevenir que los niños y adolescentes se involucren en delitos siempre es más barato que rehabilitarlos. Además, éticamente estamos previniendo una vulneración de derechos de esos menores, los que posteriormente por ausencias familiares, carencias de servicios sociales o por maltrato y violencia en diversos ámbitos encuentran en los delitos una forma de sobrevivencia y valoración por otros.

Ningún niño o niña nace genéticamente condicionado a ser un delincuente. Es su vida entre nosotros la que moldea sus valores y sus opciones de vida. La rehabilitación es costosa como esfuerzo humano e institucional, lo que queda demostrado en los programas en ejecución que no muestran buenos resultados. El punto no es que ellos 'no tienen remedio', la pregunta es '¿por qué esos programas no resultan aquí en Chile?'.

Hay variadas respuestas: son programas no coordinados con otro tipo de servicios sociales por la falta de un sistema para ello, son programas que no tienen seguimiento para acompañar al adolescente después de que termina su período o su plan de reinserción, escasez de recursos económicos para formar y capacitar con herramientas existentes en el mercado laboral.

Lo importante es crear un vínculo afectivo y estable con los monitores, que se construya la confianza suficiente para reemprender un camino del que no será abandonado, humillado o violentado. Para ello estos programas deben ser con grupos pequeños para poder generar el vínculo (no apostar, como ahora a 'elevar la productividad' del profesional a cargo sumándoles más adolescentes), los acompañamientos deben ser más frecuentes y por más tiempo una vez que se define el 'egreso'".

Niños infractores

Pilar Villarroel, jueza del Primer Juzgado de Familia de San Miguel

"Cuando un menor de 14 años comete un delito, no puede ser juzgado por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, así que es sancionado por los Tribunales de Familia, donde no existe un procedimiento regulado ni especializado para ellos, por lo que se trabaja con la misma oferta de programas que entrega el Sename para los niños que están bajo un sistema de protección. Es decir, se mezclan los menores que están siendo tratados por alguna vulneración de derecho con los que infringieron la ley.

Actualmente, depende de la voluntad y criterio de cada juez el cómo se aborda judicialmente ese menor. Generalmente se decide tratarlos bajo un problema de salud mental, porque es lo más cercano que existe a una solución. Entonces, si el niño tiene trastornos conductuales, se busca que sea diagnosticado por un trastorno de déficit atencional complejo para que así termine siendo atendido por un siquiatra y reciba atención médica. ¿Cuál es el problema? Que más del 90 por ciento de los infractores de ley menores de 14 años son tratados así, empastillándolos hasta con antidepresivos y produciendo un sobrediagnóstico. Eso no corresponde y no resuelve la situación, que viene de una problemática sicosocial anterior.

El sistema va respondiendo a la contingencia de lo que va pasando. Al principio no se discutía que los menores de 18 años debían ser sancionados, después se impuso que tenía que ser desde los 16 años y luego se bajó a 14. Hoy vemos menores de 10 o 12 años cometiendo delitos muy graves como homicidios, robos con violencia, tráfico de drogas o chocando en estado de ebriedad. Pero la solución no es seguir bajando la edad, sino crear un sistema que entregue una oferta programática especializada para este tipo de niños. Hay que dejar de pensar en imponer una sanción tras otra, lo que se debe hacer es intervenir socialmente a ese menor y su familia. Hay que darse cuenta de que vamos por el camino incorrecto".