Un grupo de 150 personas afectadas por la crisis de Financoop está pidiendo al gobierno una solución para el rescate de sus dineros, los que totalizan alrededor de $ 1.000 millones en depósitos a plazo.

Desde que la firma fuera intervenida por el Ministerio de Economía -entidad que pidió, además, la disolución de la cooperativa a raíz de malas prácticas internas que derivaron en una compleja situación de insolvencia financiera-, sus ahorros quedaron cautivos en una suerte de corralito, que hasta el momento, se mantiene por un período indefinido.

Precisamente, para pedir el levantamiento de esta medida cautelar, los depositantes, representados por el abogado Juan Alberto Rivera, se reunieron el viernes pasado con José Manuel Enríquez, quien representa a la Dirección de Cooperativas de la Subsecretaría de Economía, que lleva el caso contra de la fallida cooperativa. Sin embargo, hasta ahora, no han tenido una respuesta a su solicitud.

Según Rivera, gran parte de los afectados son personas de la tercera edad "que depositaron los ahorros de toda una vida en entidad financiera y hay casos extremos de enfermedades y de necesidades urgentes", por lo que exige una solución.

"Estamos evaluando medidas más radicales, a través de manifestaciones o lo que sea necesario", agrega.

Los afectados acusan desprotección por parte de la autoridad, ya que "pese a que la firma mostraba problemas hace cuatro años, seguía en el registro de fiscalización del Ministerio sin dar mayores antecedentes sobre su riesgo. Yo mismo busqué la cooperativa antes de depositar ahí mis ahorros, pero no sabía el problema que había", dice Rivera. Por otra parte, sostiene que los afectados no cuentan con la garantía estatal a los depósitos del Estado, debido a que la cooperativa no opera al alero de la Superintendencia de Bancos, explica Rivera. También, asegura que no pueden ser defendidos por Sernac, "debido a que hay una incompatibilidad entre entes del Estado, al ser el órgano defensor de los derechos de los consumidores, dependiente de Economía", sostiene.

Según Rivera, los afectados se están organizando también en regiones. En Concepción, unas 60 personas se reunieron con la seremi de Economía, parlamentarios, y el director regional del Sernac, Juan Pablo Pinto, para buscar soluciones.

El total de afectados suma unos 2.500 en el país, por más de $ 40 mil millones.