En noviembre del año pasado, en la discusión del Presupuesto 2017, el Ejecutivo eliminó los fondos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI, que se otorga a los 27.500 mejores puntajes PSU) y redistribuyó dichos recursos en el Consejo de Rectores (Cruch) en base a dos criterios: que el plantel sea estatal o regional.
Con ello, la U. Católica perdió los recursos que recibía por AFI y anunció que presentará una demanda civil contra el Estado que busca que la justicia determine si es legal eliminar el aporte. Según el rector Ignacio Sánchez, las pérdidas para la universidad ascienden a $ 1.700 millones. "Lo más importante es destacar que se está incumpliendo la legislación vigente. El Estado de Chile tiene que asegurar el cumplimiento de la ley", argumentó Sánchez.
Pero ¿qué es lo que estaría pasando a llevar la eliminación del AFI? Para el abogado y asesor legislativo de Libertad y Desarrollo, Jorge Avilés, hay una ilegalidad evidente e incluso podría existir riesgo constitucional. "Efectivamente, para que la universidad pueda ir al Tribunal Constitucional requiere la existencia de un juicio pendiente y fundamentos constitucionales, de los cuales existen varios, como, por ejemplo, una discriminación arbitraria y un trato desigual ante la ley".
Avilés argumentó que "hay una discriminación arbitraria, porque los recursos del AFI por ley deberían ir a todos los planteles, pero el gobierno estimó no hacerlo. Hay discriminación también a los alumnos, porque los recursos sólo se asignarán si va a un tipo de plantel".
Además, Avilés advirtió que la Ley de Presupuestos no puede modificar una normativa permanente. "Se podría aumentar o bajar los recursos del AFI, pero no eliminarlos".
Coincide con esto Raúl Figueroa, director de Acción Educar. "El Ejecutivo antes había rebajado el AFI a la mitad, pero ahora dejó de asignar los recursos y eso es un incumplimiento flagrante a una ley permanente. Mientras no se derogue la ley del AFI, el Estado tiene la obligación de asignar recursos", señaló Figueroa.
El director de Acción Educar aclaró que "no es que se haya hecho algo contrario a la Constitución, sino que el gobierno dejó de cumplir con una obligación que la ley establece. Desde ese punto de vista, ese incumplimiento puede tener consecuencias e incluso se podría acusar constitucionalmente a los ministros responsables", dijo Figueroa.
Evalúan sumarse
Desde la U. del Desarrollo, el rector Federico Valdés dijo estar estudiando si se suman a la UC. "La demanda tiene asidero. Nosotros hemos analizado el tema y no nos cerramos a la posibilidad de sumarnos", dijo, y agregó que para ello buscan "determinar la naturaleza de la transgresión".
Andrés Benítez, rector de la U. Adolfo Ibáñez, señaló que tampoco han decidido cómo actuar: "Apoyamos en principios la presentación de la UC, pero tenemos que estudiar su demanda para ver qué vamos a hacer".
En tanto, los planteles no estatales del Cruch (G9) apoyan la causa de la UC, aunque cada plantel decidirá si se suma a la demanda, según explicó el presidente de dicha red, Claudio Elórtegui. Así, el rector de la UC del Maule, Diego Durán, explicó que "cualquier decisión en ese ámbito es de carácter institucional y escapa a la decisión única de un rector, por lo tanto, es importante la participación del consejo superior para decidir".
Sofía Barahona (NAU), presidenta de la Feuc, criticó que el AFI es una medida regresiva y se mostró en desacuerdo a la acción judicial, aunque dijo "entender la motivación detrás de ella, que es que la UC ha sido perjudicada con otros fondos. Esto se da por la falta de diálogo del gobierno".
