El nuevo asesinato perpetrado hoy en Pedro Juan Caballero, localidad del noreste de Paraguay y vecina a la brasileña de Ponta Porá, hace parte a la disputa de grupos de narcotraficantes que operan en la frontera entre ambos países, dijo una autoridad regional.

El gobernador del departamento de Amambay, Bartolomé Ramírez, señaló que la muerte de un vendedor ambulante, que fue acribillado en Pedro Juan Caballero por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, es producto de la lucha entre los jefes de los grupos delictivos por territorio o deudas vinculadas al trafico de drogas.

"Estas personas no pueden recurrir a los canales normales para dilucidar sus pleitos. No ejecutan pagarés ni recurren a acciones ejecutivas. Se cobran con balas. Es nuestra realidad", aseveró Ramírez a una emisora de radio de Asunción.

El asesinato de Florencio Echagüe, con antecedentes por homicidio en 1989, elevó a siete las muertes violentas ocurridas en dos semanas en Pedro Juan Caballero, capital departamental, a 550 kilómetros al noreste de Asunción, en la frontera con el estado brasileño de Matto Grosso do Sul.

En Amambay, así como en los departamentos de Concepción y Canindeyú, también en la frontera con Brasil, se concentra la mayor parte de los cultivos de marihuana que sitúan a Paraguay como el mayor productor suramericano de esa droga.

Esa extensa región boscosa está considerada como ruta de la cocaína que atraviesa territorio paraguayo en su trayecto a Estados Unidos o Europa, lo que, según el gobernador, ha atraído a la zona fronteriza a organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) la organización criminal controlada desde las cárceles de Sao Paulo.

"Estamos sobrepasados totalmente en la capacidad de prever estos tipos de asesinatos", indicó Ramírez, del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, de centroderecha), principal aliado en el Congreso del presidente paraguayo, Fernando Lugo.

El gobernador consideró que la permeabilidad de la vigilancia en el lado paraguayo de la frontera con Brasil y la falta de un control más riguroso del ingreso al país de precursores químicos favorecen las actividades de esos grupos violentos.