Precisar los contenidos del proyecto de reforma a las pensiones, que podría estar listo a mediados de julio (ver recuadro), es una de las prioridades del gobierno. Por estos días los equipos técnicos de los ministerios de Hacienda, Trabajo y de la superintendencia de Pensiones analizan dos temas centrales de la iniciativa: la extensión de la duración de las licitaciones de nuevos afiliados de 2 a 4 años y la incorporación de un mecanismo gradual para el aporte a las pensiones de los trabajadores independientes, manteniendo su obligatoriedad.
Más competencia
Si bien la evaluación de los resultados de la licitación de nuevos afiliados, que comenzó en 2010, es positiva, el diagnóstico del gobierno es que aún queda espacio para bajar las comisiones, que en el último proceso -adjudicado en 2016 a AFP Plan Vital- alcanzaron el 0,41% de la renta imponible. Para hacer más atractivo este mecanismo es que la duración de estos remates se elevará de 2 a 4 años. Se espera que esta modificación permita que participen más administradoras, elevando así la competencia por precio que existe en la industria de AFP.
Adicionalmente se estudia la opción de combinar esta medida con un mecanismo aleatorio para incluir en la licitación un porcentaje menor del stock de afiliados. Pero esta decisión aún no está zanjada ya que en el gobierno aún persisten dudas respecto de sus alcances constitucionales.
Como sea, el objetivo último es aumentar la competencia y lograr reducir los costos de administración de afiliados. En el gobierno consideran que los $ 33.000 que gastan, en promedio, las AFP anualmente por afiliado podría ser menor y acercarse al desembolso que realiza la Administradora de Fondos de Cesantía por ese mismo concepto, que es cercano a los $ 3.000
Nueva gradualidad
Durante este gobierno se postergó la obligación de cotizar para la pensión de los trabajadores independientes de 2015 a 2018. La medida también contempló la prohibición a las AFP de ejercer acciones de cobro judicial contra este grupo, estableciendo que las cotizaciones adeudadas se paguen en las siguientes operaciones renta.
El tema vuelve a estar sobre la mesa ya que los trabajadores independientes deberán cotizar desde enero del próximo año. Buscando incentivar el ahorro previsional y disminuir el impacto de la medida para quienes optaron no cotizar durante los años que se contemplaron para la transición, que representan más de un 80%, es que el gobierno incluiría en su reforma de pensiones una nueva gradualidad.
El objetivo es continuar recorriendo el camino avanzado por la reforma previsional del primer gobierno de Michelle Bachelet, para lo cual se contempla incluir la opción de no cotizar por la totalidad de los ingresos declarados. De esta forma, se mantiene la obligatoriedad del aporte para 2018, pero se disminuye el impacto de esta medida al incorporar la gradualidad sobre el monto imponible.
Ingresos
Así, el primer año -que se concretará en la operación renta de 2019- quienes no quieran cotizar por el total de los ingresos reportados al Servicio de Impuestos Internos (SII), que es la opción base, podrán hacerlo sobre el 12,5% de sus ingresos. Esto reduciría el aporte en casi 87,5%; alternativa que también regiría para el aporte al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
El segundo año, se entregaría la opción de imponer sobre el 25% del monto declarado; el tercero sobre el 37,5% y así sucesivamente, elevando un 12,5 puntos porcentuales el monto imponible de cada ejercicio hasta alcanzar el 100% en 2025, efectivo en la declaración renta de 2026.
Luego se incorporaría la obligación de cotizar para salud común y laboral, pero en esta etapa -al ser una mayor obligación de cotizar- se incrementará el porcentaje de retención asociado.
Para el resto de los trabajadores independientes, aquellos que ahorren por la totalidad de sus ingresos, el gobierno contempla incluir incentivos y facilidades para la cotización.