"Nos costó mucho ponernos de acuerdo en qué tipo de proyecto íbamos a mandar", sinceró el miércoles pasado el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, al comentar la reforma constitucional que consagra el derecho público del agua.
La decisión de poner en tabla en el Congreso esta iniciativa -una antigua demanda de sectores de centroizquierda y resistida por el bloque más conservador de la oposición y grupos empresariales- fue adoptada por la Presidenta Michelle Bachelet en la cita del martes del comité político.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, era al interior del Ejecutivo el principal opositor de la reforma que sintoniza con propuestas programáticas de Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami. A diferencia, el tema no figura en el plan de gobierno de Sebastián Piñera.
La postura de Velasco, preocupado por los efectos en el mercado laboral, lo llevó a una dura discusión con el titular de OO.PP., Sergio Bitar, quien expuso el pasado 28 de diciembre de los alcances de la medida ante el comité político.
Finalmente, el proyecto de Bitar fue respaldado por el resto de los ministros, lo que fue refrendado por Bachelet, quien al despachar el proyecto el miércoles -en una ceremonia a la que no asistió su ministro de Hacienda- defendió la "impronta progresista" de su gobierno.
Su mensaje fue recibido en Palacio y el oficialismo como una fuerte señal para destrabar reformas laborales, que fueron congeladas por la crisis económica.
"Lamento mucho que el ministro Velasco haya hecho todos los esfuerzos por impedir el proyecto de la recuperación del agua", dijo el senador del PPD Guido Girardi, quien paralelamente desplegó gestiones junto a otros parlamentarios para lograr la venia de la Presidenta para la iniciativa.
El debate del agua fue sólo un round de la discusión que se ha dado al interior del gabinete por la agenda legislativa para la campaña presidencial y recta final del gobierno.
Altas fuentes de Palacio sostienen que el jefe económico logró parar esta semana el envío de la ley sobre AFP estatal, que estaba ad portas de ser anunciado por Bachelet, quien a fines de 2008 prometió su envío al Congreso durante el año pasado.
También están hace meses paralizados en Hacienda el fortalecimiento de la sindicalización y el defensor laboral, ambas iniciativas comprometidas en distintos mensajes del 21 de mayo. Esto ha enfrentado a Velasco con los titulares de Justicia, Carlos Maldonado, y del Trabajo, Claudia Serrano.
Pero, por otro lado, en los sectores más progresistas del Ejecutivo celebran que Bachelet visara las urgencias en plena campaña a dos iniciativas solicitadas por Enríquez para apoyar a Frei, a riesgo de aparecer siendo pauteada por el diputado ex PS y a pesar de la postura de Pérez Yoma de no introducir debates artificiales en período electoral.
La reactivación del fortalecimiento de la educación pública y la reforma electoral de voto voluntario, la inscripción automática y el sufragio en el exterior fueron una idea defendida por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien también en las últimas semanas ha acelerado la discusión de proyectos de DD.HH. y cambios al sistema político como fideicomiso ciego y la regulación del lobby.
