Hace menos de un año, la fiscalía de Collipulli había decretado como medida de protección rondas periódicas en las noches para proteger el fundo La Laguna, en Collipulli, a raíz de una serie de robos de animales. Eso mismo llevó al propietario del predio, el empresario agrícola Hugo Kutz Sanz, a instalar un moderno sistema de seguridad en sus alrededores.
Precisamente, esas cámaras de seguridad le mostrarían cómo la noche del 14 de agosto -un día después de la muerte del comunero Jaime Mendoza Collío- un grupo de desconocidos, utilizando elementos combustibles y armas de fuego, destruyeron uno de sus galpones, en los que almacenaba 12 mil quintales de trigo y diversa maquinaria. El hecho generó cerca de $ 600 millones en pérdida.
Es a raíz de este incidente que en los próximos días este empresario (suegro del diputado UDI Gonzalo Arenas) interpondrá una querella contra quienes resulten responsables del ataque. No es todo: Kutz adelanta que presentará una demanda por falta de servicio en contra del Estado, por considerar que "hubo falta de protección al fundo que contaba con una medida decretada por la fiscalía". Se trata de una acción judicial inédita.
El agricultor señala que la noche anterior al ataque Carabineros no realizó las rondas pertinentes, y "aún no estamos seguros de si el día del atentado efectivamente la hicieron".
Kunz asegura que los autores del ataque son los "mismos que nos entran a robar, pero como ya no lo pueden hacer, finalmente optaron por quemarlo". Sólo durante el año pasado, el fundo -colindante con la comunidad Temucuicui- perdió 136 cabezas de ganado. Eso significó que se decretaran rondas periódicas. Ahora, cuenta con protección las 24 horas.
El fiscal de Collipulli, César Schibar, explica que Carabineros no reportó ningún tipo de hecho, y asegura que sólo se supo del ataque cuando los cuidadores del fundo avisaron de lo ocurrido. Agrega que esperan los resultados de evidencias halladas en el lugar, como huellas y muestras de ADN. Además, asegura que se encuentran analizando el video.
DEMANDA INEDITA
Ante este caso, el profesor de Derecho Administrativo de la U. Adolfo Ibáñez José Miguel Valdivia estima que se deberá determinar si el daño que sufrió el empresario se origina en la falta de protección y explica que "es difícil que otros agricultores que se encuentren en situación similar puedan incurrir en lo mismo". Agregó que el proceso se podría extender hasta por cinco años.
El abogado penalista Francisco Veloso expresa que se trata de una acción civil "poco común", y afirma que "si es que se lograse probar que hay un nexo causal entre la falta de ronda y el daño sufrido, podría ser una causa importante". Agrega que ello derivaría en que el Estado tendría que pagar por los daños sufridos.
