Agrupaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron hoy su preocupación por lo que llamaron "nuevas y diversas formas de impunidad" aplicadas por el gobierno de Sebastián Piñera, y advirtieron que no se dejarán "intimidar ante la implementación de medidas represivas".

Las organizaciones reclaman por lo que consideran un "desmantelamiento" del área de Derechos Humanos de la PDI, la reducción del equipo de abogados y el estancamiento de causas en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

También, protestan por la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para controlar las manifestaciones de la semana pasada en la Región de Magallanes, producto del alza en los precios del gas.

"A partir de la instalación del nuevo gobierno, se ha ido sistemáticamente poniendo trabas a la acción de la justicia", dijo Roberto Dorival, miembro del colectivo Londres 38, que agrupa a los familiares de víctimas detenidas y torturadas en calle Londres durante el régimen militar.

"Esta nueva forma de gobernar de la que nos habla el señor Piñera, está relacionada con nuevas y diversas formas de impunidad", sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que "la derecha, hoy en el poder, ya ni siquiera mantiene las formas de su discurso electoral".

"Con la arrogancia que la caracteriza, no duda en aplicar la Ley de Seguridad del Estado ante las justas reivindicaciones de la ciudadanía de Magallanes", cuestionó.

Pizarro denunció que hay una negación de recursos estatales para organizaciones defensoras de derechos humanos, que "pretende asfixiar su funcionamiento, desconociendo la responsabilidad del Estado en los hechos que llevaron a la formación de estas entidades".