Al menos 25 senadores apoyan idea de terminar con aportes reservados a campañas

El financiamiento de la política es un tema que hace años viene generando cierto ruido.

Ese debate, sin embargo, se reactivó en agosto, cuando la Cámara despachó al Senado el proyecto que busca poner fin al binominal. En aquella jornada, los diputados independientes, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, lograron incluir una indicación que tiene por objetivo eliminar la figura de aportes reservados y prohibir las donaciones de las empresas en las campañas electorales.

La discusión cobró mayor fuerza tras explotar el denominado caso Penta, donde la fiscalía investiga, tras una denuncia del Servicio de Impuestos Internos, supuestas irregularidades de firmas vinculadas a dicho grupo empresarial que habrían realizado donaciones a campañas políticas mediante una modalidad ilegal.

Si bien los aportes reservados y empresariales hoy son legales y están fuera del radio de investigación de la fiscalía, a juicio de varios senadores hay una oportunidad para rediseñar el sistema de financiamiento de la política.

La Tercera contactó a los 38 senadores en ejercicio para conocer su postura sobre el tema y constató  que existe una mayoría suficiente de votos para poner fin a estas donaciones reservadas. Hoy, al menos 25 senadores dicen ser partidarios de poner fin a este tipo de aportes, superiores a los 490 mil pesos y que permiten que un contribuyente (persona natural o empresa) mantenga su identidad bajo secreto. Sólo el Servicio Electoral conoce quiénes son los donantes y la identidad es custodiada por las mismas normas que rigen el secreto bancario.

Entre los consultados, siete senadores prefieren mantener los aportes reservados y seis legisladores decidieron no participar del sondeo (Ena von Baer, Iván Moreira, Alberto Espina, Andrés Allamand, Hernán Larraín e Ignacio Walker).

Pese a los reparos o quienes prefieren no anticipar su postura, para poder eliminar los aportes reservados bastarían 22 votos en el Senado, por tratarse de una ley orgánica constitucional (ley de financiamiento y gasto electoral).

La idea original de esta norma era no inhibir que las empresas puedan financiar campañas y así evitar ayudas irregulares, que en forma caricaturesca son apodadas como donaciones de dinero mediante "el maletín negro".

"Después de lo que sucedió, sería un error mantener los aportes reservados. Hay que transparentar más la política", afirmó el DC Andrés Zaldívar.

Sin embargo, al ser consultados los senadores por los aportes empresariales, sólo  19  se inclinan por prohibir estas donaciones. Estos  votos no serían suficientes para eliminar las contribuciones de empresas, ya que también se necesitan 22 apoyos. En tanto, 12 senadores dicen que mantendrían los aportes empresariales, mientras que uno manifiesta dudas y otros seis no responden.

"No estoy de acuerdo en que haya aportes de empresas", aseguró la presidenta del Senado, Isabel Allende (PS).

Otro punto que ha sido parte de los comentarios en las últimas semanas es lo relativo a que exista un mayor financiamiento estatal de la política, idea que también está siendo estudiada por el gobierno. Sin embargo, aunque todavía no hay definiciones claras al respecto, 26 miembros de la Cámara Alta están por aumentar el financiamiento fiscal, cinco se oponen, uno presenta dudas y seis no contestan. Hoy, el Fisco reembolsa cerca de 700 pesos por voto obtenido a cada candidato.

A la hora de argumentar sus posturas, algunos senadores plantean que no habría que descartar otras fórmulas de financiamiento.

El DC Jorge Pizarro planteó que debiera reducirse al máximo el aporte privado. "Mientras más aporte público y transparente, mejor", dijo.

El líder del MAS, Alejandro Navarro, señaló que no apoya la idea de subir el financiamiento fiscal y abogó por restringir gastos y generar espacios públicos para las campañas. "Soy partidario de más franja televisiva para que los candidatos puedan expresar su mensaje".

Aunque el RN Andrés Allamand, prefirió no participar del sondeo, dijo que está "a favor de un sistema mixto", que involucre dineros "públicos y privados".

Uno de los puntos que también generaron consenso fue la idea de aumentar las facultades fiscalizadoras del Servel. "No hay que deshacer lo que se avanzó. Pero hay cosas que quedaron pendientes", dijo  el UDI Juan Antonio Coloma.

No obstante, pese al interés de cambiar el sistema hay un consenso mayoritario en que este tema debe ser visto en una nueva reforma electoral (ver secundaria).