La Ley de Inclusión establece que a partir de 2018 se restringe la apertura de nuevos colegios municipales y particulares subvencionados. En tal sentido, solo se pueden abrir establecimientos y solicitar el subsidio estatal si en un territorio existe una demanda insatisfecha por matrícula, la que no pueda ser cubierta por otros recintos que reciban subvención o aportes del Estado. Una segunda condición para la autorización es que no exista un proyecto educativo similar.
Un estudio realizado por Acción Educar concluyó que el próximo año habría, al menos, 32 comunas donde no se podrían instalar nuevos colegios, ya que la demanda por matrícula estaría cubierta.
Según explicó el director ejecutivo de Acción Educar y ex asesor del Ministerio de Educación (Mineduc) durante el gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, "para las familias es fundamental contar con buenas alternativas de colegios para sus hijos y esta limitación restringe la existencia de nuevas y mejores alternativas". Figueroa dijo, además, que esta medida "limita las posibilidades de elección de los padres y afecta la esencia de la libertad de enseñanza".
El análisis arrojó que solo en el 31% de las comunas del país se cumple el criterio de demanda insatisfecha en todos los niveles de educación básica para 2018, lo que significa que en 107 de las 346 comunas existe garantía de que la condición impuesta por el nuevo reglamento ya está superada.
En 207 comunas (60%), el criterio solo se cumple en algunos niveles, por lo que existe incertidumbre sobre si podría o no abrirse un nuevo establecimiento. Y en 32 comunas (9%) no se cumple el criterio en ningún nivel de la educación básica, por lo que no se permitiría la apertura de un nuevo establecimiento bajo esta condición.
En el estudio se indica que de acuerdo a la proyección demográfica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en estas 32 comunas en conjunto, en 2018 vivirán 235.900 niños en edad de asistir a la educación básica, "cuyas familias son las potenciales afectadas por la imposibilidad de elegir nuevos proyectos educativos subvencionados" (ver tabla).
Según los sostenedores, esta medida podría afectar a proyectos educativos que ya se estén preparando, pero que podrían no ser aprobados por el Ministerio de Educación. Es el caso de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), que tiene planificado abrir un nuevo establecimiento en la comuna de San Ramón en 2020.
La gerenta general de la red de colegios SIP, Lily Ariztía, explicó que hace dos años comenzaron a trabajar en el proyecto cuya base es la innovación tecnológica, el que tiene características pedagógicas y arquitectónicas especiales, de acuerdo a las necesidades de un niño del siglo XXI.
"El ministerio podría considerar bajo este nuevo reglamento que nosotros no lo podríamos abrir. El Estado está restringiendo la apertura de nuevos colegios, de acuerdo a su criterio, y ellos determinan lo que es la demanda en base a supuestos", planteó Ariztía.
Además, sostuvo que "si se quiere abrir un colegio bueno en una comuna que según el ministerio no necesita más matrícula, podría decirnos que no, pero los colegios de esa comuna pueden ser de mala calidad y quedamos sujetos a la discrecionalidad de un funcionario".
En tanto, en Providencia están solicitando autorización al Mineduc para crear un curso de primero medio en la Escuela Juan Pablo Duarte, que tradicionalmente ha sido de enseñanza básica.
Según explicó el jefe del área de calidad y control de gestión de la Corporación de Desarrollo Social de esa comuna, Gabriel Ortega, "nos piden una lista de chequeo que es bien exhaustiva, con datos respecto del proyecto educativo, de los profesores, de la infraestructura, planos, documentos administrativos, certificados del sostenedor, entre otros".
Ortega agregó que "ya tenemos a los alumnos matriculados y, según los plazos, el ministerio recién nos contestaría la primera semana de marzo, pero nosotros no podemos hacer esperar a los alumnos hasta esa fecha".
El Mineduc no entregó una versión.
