Al menos siete policías y diez campesinos murieron y 27 efectivos resultaron heridos en una balacera registrada hoy durante el intento de desalojo de unos 150 campesinos que invadían una reserva forestal y el presidente paraguayo Fernando Lugo anunció el envío de refuerzos militares.
"Expreso mi gran pesar y repudio a los hechos que condujeron al fallecimiento de personas", dijo el mandatario que agregó: "manifiesto mi firme respaldo a la tarea de las Fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley". "He ordenado a las Fuerzas Armadas a sumarse de inmediato desde su misión específica en apoyo a este operativo", afirmó, y se retiró sin aceptar preguntas en la sede de gobierno.
El ministro del Interior Carlos Filizzola informó sobre el deceso en combate de diez campesinos.
El comisario Walter Gómez, jefe de investigaciones policiales en Curuguaty, 400 kilómetros al noreste de Asunción, declaró a la radioemisora Cardinal de Asunción que "la balacera continúa en medio de la selva porque los invasores no quieren rendirse, entonces debemos seguir combatiendo hasta dominar la situación". Además, detalló la muerte de siste de sus hombres.
El número de policías fallecidos también fue ratificado por la dirección del hospital público del departamento de Curuguaty. El jefede Estado suspendió abruptamente sus actividades oficiales debido a que uno de los muertos es el comisario Erben Lovera, hermano del jefe de seguridad militar del mandatario, coronel Alcides Lovera.
La reserva forestal de 2.000 hectáreas se encuentra en el interior de la hacienda Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme.
"Hace veinte años declaramos como reserva forestal la zona boscosa pero desde el año pasado los campesinos la quieren para instalarse en ella. Los fiscales Miguel Rojas y Ninfa Aguilar ordenaron el desalojo meses atrás pero la Policía no pudo cumplir el mandato porque primero buscó que abandonaran el predio pacíficamente pero se negaron", dijo José Riquelme, hijo del propietario.
Héctor Cristaldo, presidente de la patronal Coordinadora Agrícola del Paraguay, dijo que el gobierno "fue muy contemplativo con todos los invasores de la propiedad privada desde hace tres años. Incluso, meses atrás cuando otros supuestos campesinos sin tierra ingresaron ilegalmente a fincas de soja en el Alto Paraná, el presidente Lugo los ayudó con alimentos, médicos, enfermeras e instaló escuelas primarias móviles bajo carpas. Lo correcto hubiera sido apresarlos".
José Rodríguez, considerado asesor de los invasores, comentó: "Lugo no puede solucionar un problema social grave: la recuperación de tierras estatales adquiridas décadas atrás por personas no sujetas a la reforma agraria, como Riquelme. Vivimos una situación grave y será peor porque el pueblo pobre necesita un pedazo de tierra".
"Los compañeros que resisten el ataque de los policías no tienen entrenamiento militar ni armas de guerra, sólo poseen rifles calibre 22 mm", informó.
A un año del final del mandato de Lugo, una de sus promesas electorales, la reforma agraria para 87.000 familias campesinas pobres, no puede aún cumplirla por falta de presupuesto para comprar terrenos privados ante la ausencia de propiedades fiscales.
