Una semana ajetreada tuvo Alberto Pizarro Chañilao, director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Comenzó en Nueva York, donde expuso ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El jueves, en cuanto tocó suelo chileno, se dirigió a La Moneda para participar en la ceremonia de entrega a la Presidenta Michelle Bachelet del informe de sistematización del Proceso Constituyente Indígena. En el marco de estas actividades, Pizarro realizó un balance de lo que ha sido su gestión y abordó temas de contingencia que han involucrado a los pueblos originarios.
¿Qué expuso en la ONU?
Me focalicé en explicar que tenemos un programa de defensoría jurídica para pueblos originarios, que atiende a más de 14 mil personas cada año, donde abogados los asesoran en distintas causas de forma gratuita. Algo importante que también mencioné dice relación con la promoción del creciente liderazgo de mujeres indígenas.
¿Cuál es el balance que hace del Censo 2017 en las comunidades de pueblos originarios?
Hubo una excelente participación de parte de ellos. Hay cuatro casos puntuales (en La Araucanía), que entiendo se están trabajando y que, en realidad, son situaciones muy particulares y específicas. Finalmente, se identificó que eran 208 hogares los que habían quedado fuera del proceso. Cifra que es mínima, comparada con la cantidad de hogares a nivel nacional.
La comunidad Temucuicui fue una de las que se restó del proceso. ¿Cómo se explica que se le entreguen tierras, a pesar de su compleja relación con el Estado?
Las últimas compras realizadas, para entrega de tierras en Temucuicui, fueron en 2014, las que estaban comprometidas en el período anterior de gobierno. Nosotros cerramos esos procesos que estaban pendientes, pero no hemos continuado después de eso.
Actores sociales y políticos dicen que falta un nuevo paso del Estado para pagar "su deuda" con los pueblos originarios. ¿Cuál cree que debería ser ese paso?
Es indudable que hay que seguir avanzando en la restitución territorial. Pero también hay que hacerse cargo de las otras demandas indígenas, como el apoyo productivo y la educación. Además, un debate que se ha dado mucho en el Consejo Indígena de la Conadi y en diversas instancias, pero que está pendiente, es respecto de que haya gratuidad en la educación para quienes son indígenas. Para mí debiera existir gratuidad para toda la población, pero como existen restricciones desde el punto de vista del presupuesto, se podría optar porque los jóvenes indígenas puedan tener un puntaje adicional para poder acceder a la gratuidad.
¿Existe, a su juicio, otro tema concreto en el que se deba avanzar?
Es clave y fundamental la participación política indígena. Yo, derechamente, planteo que existan cuotas parlamentarias. Tenemos que hablar de escaños reservados. Creo que los partidos políticos deben entregar más facilidades. Y en el próximo debate presidencial este tema debería estar incorporado.
¿Cree que es posible una nación mapuche en el Chile de hoy?
Creo que es posible reconocer que hay nueve pueblos indígenas distintos y que pueden ser reconocidos como naciones distintas. Creo que esa es la discusión que se viene, y para que se pueda generar esto hay un paso previo, que tiene que ver con participación política efectiva de los pueblos indígenas. Todavía tenemos una deuda en lo que es representación parlamentaria. También en la participación en los distintos niveles del Poder Ejecutivo.
¿Cuál sería un número válido de escaños reservados para las comunidades?
Probablemente, uno que sea proporcional a la población indígena que hay en Chile, que bordea el 10%. Sería lo más justo. También se deben generar instancias de representación en todos los territorios y en las comunas. Es fundamental que cada vez existan más concejales y alcaldes indígenas.
Actualmente se está desarrollando la preparación del juicio oral por el caso Luchsinger Mackay. ¿Un posible veredicto condenatorio contra los once comuneros acusados podría cambiar el clima de violencia en la zona?
No me gusta comentar situaciones de este tipo, que tienen que ver con aspectos judiciales, en los cuales no me corresponde opinar.
¿Qué le parece la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía?
Se valora esta instancia y el trabajo que se realizó con personas de distintos ámbitos. Habrá que esperar los anuncios (presidenciales) que se hagan al respecto.
¿Qué opinión tiene de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)?
No comparto el uso de la violencia en ninguna de sus formas. Creo en la democracia y en el diálogo. Puedo entender las motivaciones, pero no las formas.
¿Qué balance hace de la entrega de tierras a comunidades indígenas durante su gestión?
Cuando asumimos en 2014 nos encontramos con que el presupuesto de la Conadi era inferior a $ 80 mil millones y ahora estamos en torno a los $ 130 mil millones. De ese monto, parte importante se destina a procesos de restitución territorial y a subsidios. En el caso del 20 B, que es parte de la Ley Indígena, vamos a tener desde 1993 al término de este mandato de la Presidenta Bachelet un total de más de 190 mil hectáreas restituidas, de las cuales más de 45 mil han sido solo durante estos cuatro años.
