Con un extenso lienzo pidiendo al Presidente Sebastián Piñera honrar "su palabra", de generar fondos permanentes para las regiones mineras, llegó ayer a La Moneda un grupo de 15 alcaldes de la Asociación de Municipios Mineros de Chile.

De esta forma, 14 ediles de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo buscaron dar una demostración de fuerza, sumándose a la exigencia del alcalde de Calama, Esteban Velásquez, de establecer un fondo especial para esta zona.

Esto, en la víspera de la marcha ciudadana que se realizará a las 10.00, hoy, en Calama, convocada por la Asamblea Ciudadana de dicha ciudad.

En los días previos, el movimiento en la Segunda Región había provocado inquietud en el gobierno, que en paralelo buscaba controlar las violentas protestas en Aysén. El factor común, decían en el Ejecutivo: demandas regionales que podían derivar en complejos cuadros de manifestaciones y avivar situaciones similares en otras regiones.

Ante esto, el gobierno anunció el viernes de la semana pasada que en abril próximo enviará un proyecto para crear el llamado Fondo del Norte y Comunas Mineras, que implica mayores recursos para dichas ciudades, subsidios como al consumo doméstico de agua potable y al impulso de infraestructura.

La medida fue valorada por el edil de Calama y parlamentarios de la zona.

Sin embargo, el alcalde Velásquez y los otros ediles de zonas mineras advirtieron ayer que querían participar de la elaboración de dicho proyecto de ley, del que aún no se conocen detalles. Esto, sin descartar eventuales nuevos focos de conflicto.

"El anuncio del Fondenor es un primer paso. Confiamos en que se trata de un interés real por compensar a las comunas mineras. No queremos pensar que se trata de una maniobra para desarticular movimientos ciudadanos que se han alzado en diversas comunas de nuestro norte", dice la misiva.

Si bien en el gobierno manifiestan que el anuncio del viernes pasado descomprimió el ambiente en Calama, de todas maneras el tema fue analizado ayer en la tarde por el comité policial, que reúne los lunes al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; su par de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, y funcionarios de la PDI y Carabineros. Ahí se analizaron medidas para contrarrestar la eventual toma del camino de Calama a Chuquicamata, una de las principales preocupaciones de La Moneda.

Además, en el Ejecutivo ven con incomodidad la participación en la marcha de hoy de figuras del PC, como el líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, y la vicepresidenta de la Fech, Camila Vallejo.

Ayer, Chadwick cuestionó la presencia de la líder estudiantil. "¿Ayuda que vaya justo el día de la movilización. Ayuda que la dirigenta comunista aparezca para la foto en esta oportunidad? Parece que no. Lo verán los propios calameños", dijo el portavoz.

Chadwick agregó que "el Presidente ha tomado el compromiso de que ese proyecto se envía en abril. Si hay personas que todavía siguen insistiendo que todo es insuficiente... Son aquellas personas que no están ni por la solución en Aysén ni en Calama. Lo que quieren es generar problemas al gobierno".

Aysén: vuelve toma de emblemático puente

La madrugada del lunes, pobladores de Aysén volvieron a tomarse el puente Ibáñez -lugar emblemático de las movilizaciones- y varios de los accesos a la ciudad. Según señalaron, la acción apunta a impedir el ingreso de Carabineros luego que circularan versiones de la llegada de nuevos refuerzos policiales a la zona. "Cuando llega el aviso de que vienen 300 efectivos policiales más, la gente aplica su sistema de autodefensa", señaló el vocero Iván Fuentes.

La Moneda, en tanto, anunció la implementación de una serie de medidas en beneficio de la región. "Para que la gente reciba lo más pronto posible los beneficios que hemos contemplado", afirmó el vocero Andrés Chadwick, quien descartó la llegada al lugar de nuevos ministros.

"No está previsto que vaya por el momento ningún ministro, mientras no tengamos la certeza de que están dadas las condiciones para el diálogo", afirmó.

A primera hora de ayer, la fiscalía recibió la querella presentada por Interior contra 22 personas de la región invocando la Ley de Seguridad del Estado. El siguiente paso, según explicó Pedro Poblete, fiscal adjunto, es asignarla a uno de los fiscales, quien tendrá que adoptar las diligencias.

En tanto, la Defensoría Pública dijo que se hará cargo de la defensa de, al menos, 16 de las personas requeridas.