Al menos 14 municipios de la zona central de Chile, la mayoría de ellos ubicados en la V Región, se preparan para judicializar su oposición al proyecto Cardones-Polpaico, carretera eléctrica que incluye 1.700 torres de alta tensión, que trasportará energía entre Copiapó y Tiltil, en la Región Metropolitana.
Esta semana, los municipios interpondrán un recurso ante la justicia en contra de la iniciativa, licitada por el Ministerio de Energía a la empresa Interchile. Sin embargo, aún no definen ante qué tribunal van a recurrir.
"Entendemos que éste es un proyecto país, pero no es justo que se beneficien unos en perjuicio de otros, sin una adecuada mitigación a los problemas ambientales", comentó Nicolás Cox, alcalde de Zapallar. "Este proyecto tiene más observaciones que Hidroaysén, porque no contempló ninguna de las zonas que están protegidas. En Olmué hay una reserva mundial de la Unesco y las torres van a pasar por ahí, y a nosotros, en Zapallar, nos corta la comuna en dos, con 43 torres que miden 80 metros", agregó Cox, edil que lidera la mesa de trabajo con el resto de las comunas.
Entre ellas están Puchuncaví, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Olmué, Limache, Quillota, Zapallar, Papudo, La Ligua, Llayllay, Cabildo y La Calera, más Tiltil, en la Región Metropolitana. La mesa será recibida el próximo jueves en la Intendencia de la V Región.
El alcalde agregó que el proyecto afectará negativamente zonas "de gran valor turístico y paisajístico", que incluyen tres corredores ecológicos.
"Estamos bastante preocupados, sobre todo por el impacto visual de estas torres en las laderas de los cerros, especialmente ahora que estamos impulsando el turismo rural en la comuna", sostuvo Francisco Collao, presidente de la Cámara de Turismo de Olmué.
El Ministerio de Energía justificó este proyecto, argumentando que "la energía está lejos de los centros de consumo y se necesita una red robusta para beneficiar a la población con precios bajos". La carretera transportará 500 kilovoltios en ambos sentidos.
Por su parte, Gloria Ponce, analista de Asuntos Corporativos de Interchile, aseguró que "la disconformidad de los alcaldes está más centrada contra el marco regulatorio ambiental vigente". Agregó que "todas las aclaraciones las haremos formalmente a través del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Hemos propuesto, en los aspectos en que la ley lo establece, las medidas compensatorias y de mitigación acordes a los impactos identificados".
Para Leyla Astorga, presidenta de la Coordinadora por la Sustentabilidad Ambiental de la V Región, entidad que reúne a varias agrupaciones comunitarias y ambientalistas, el proyecto genera además "un riesgo alto para la salud de las personas por el campo electromagnético. Pedimos que mínimo se respete la legislación chilena. Si aplicáramos la ley ambiental, habría que hacer el proyecto de nuevo", recalcó Astorga. La dirigente añadió que iniciarán acciones judiciales, en forma paralela a los alcaldes, para que el Gobierno revise el proyecto.
Actualmente, éste está a la espera de su resolución de calificación ambiental y el 15 de enero la empresa deberá responder 2.500 observaciones.
"El estudios tiene muchas falencias técnicas y no utiliza la normativa que se exige en términos de evaluación del paisaje y del electromagnetismo", señaló Salvador Donghi, ambientalista y biólogo de la U. Católica de Valparaíso, quien ha realizado observaciones a varios proyectos en la V Región, como el muelle Barón y el proyecto inmobiliario en Tunquén, donde logró que se declarara santuario de la naturaleza.
