Aldo Valle: "Con la gratuidad, las universidades estatales debieran duplicar su oferta"

Se trata de uno de los proyectos más esperados y emblemáticos de este gobierno: la gratuidad en educación superior. El jefe de esa división del Mineduc, Francisco Martínez, entregó a La Tercera algunos de los detalles de cómo se cambiará el sistema que dejó de ser gratuito en 1980. Para acceder al sistema de costo cero en las carreras, los planteles deberán suscribir un convenio con el Estado que contemplará cumplir requisitos como son estar acreditado, aceptar que al menos el 20% de la matrícula provenga de los primeros dos quintiles y no cobrar aranceles extras a las familias. Con la medida, se terminan los beneficios estatales para cubrir los aranceles de referencia, como son las becas.

La propuesta del Mineduc, que aún no se convierte en proyecto legislativo, ya ha generado debate entre los expertos en educación terciaria: Que es regresivo, porque afectará a los alumnos vulnerables o que las instituciones en convenio perderán la autonomía, son algunos de los temores esbozados por los rectores.

Una opinión que no comparte el presidente del Consejo de universidades estatales (Cuech), Aldo Valle, quien también es rector de la U. de Valparaíso. Actualmente, menos del 30% de los alumnos pertenecientes al primer y segundo quintil (vulnerables) está matriculado en alguna universidad, centros de formación técnica (CFT) e Institutos profesionales (IP).

"La política busca precisamente ampliar la cobertura a este tipo de estudiantes, los que sean meritorios. Es totalmente inclusiva desde el punto de visa socioeconómico", aclara el rector.

Las críticas al modelo han recaído en la eliminación de las becas de arancel para aquellos planteles que no suscriban el convenio. A su juicio, ¿es discriminatorio?

Desde luego el modelo debe mirar hacia ampliación de oportunidades para los jóvenes, pero la gratuidad no puede financiar ofertas que no cumplen con estándares mínimos. Además, se tiene que garantizar que la oferta educacional entregada será de beneficio para esa persona y para la sociedad. Sin estas condiciones, el Estado no debe financiar.

¿Qué otros criterios debiera regular el Estado con este nuevo sistema de financiamiento?

Si se va hacer un mayor aporte monetario y que todos vamos a pagar, el Estado debiera velar porque se logren los objetivos: que se cumpla con el bien público y que la oferta de carrera no responda a emprendimientos privados, porque en ese caso se está defraudando y la idea es salirse del sistema de mercantilización de la educación. Los planteles adscritos tienen que dar garantías al Estado de que lo hacen, lo harán responsablemente.

Con la gratuidad se creará un nuevo grupo de planteles, ¿Ustedes como recintos estatales están en igualdad de condiciones?

Actualmente, el 70% de la matrícula del sistema opera fuera de las universidades del Consejo de rectores (Cruch). Nosotros en su conjunto contamos con el 29% de los alumnos inscritos y las estatales sólo con el 16% de la matrícula de educación superior.

Se necesita ampliar la oferta pública del Cruch, porque la oferta de carreras se hace en un contexto de instituciones con mayor regulación y mayor pertinencia y de cara a las necesidades que tiene el país, ya que no es una oferta elaborada en función de demandas o capturas del mercado.

A su juicio, ¿en cuánto debieran aumentar la oferta de carreras y vacantes?

Creo que las universidades del Estado, por lo menos, debiéramos duplicar la oferta en un plazo que puede ir de cinco a ocho años. Hoy, muchos jóvenes no tienen derecho a entrar a una universidad pública y quedan condenados a optar por una institución privada, porque nosotros no hemos tenido el apoyo suficiente en la inversión pública para ampliar las capacidades de matrícula y eso obviamente ha sido una decisión de la política pública en los últimos 40 años.

Necesitamos crecer lo suficiente para que todos los jóvenes que quieran optar por estudiar en una institución pública, puedan tener una vacante, siempre y cuando cuenten con los requisitos ponderados que exigen estas instituciones.

Con dicho crecimiento necesitarán una inyección potente de recursos fiscales...

Esto requiere una inversión en estas instituciones pero, en definitiva, será también la misma inversión que el Estado tendrá que hacer a la hora de financiar la prestación del servicio. Y es lógico, porque Chile seguirá teniendo una necesidad de mayor oferta en educación. Es más, en los últimos años, los planteles del Cruch han crecido muy por debajo de lo que ha crecido la oferta privada, lo hacemos al 6% anual. Como consecuencia, entonces, la mayor demanda de educación superior no ha podido ser atendida por las universidades tradicionales.

¿Ustedes podrían asumir ese crecimiento ahora?

Esto no se puede hacer de un año para otro, ese tiempo (hasta ocho años) es un período suficiente para que las universidades puedan hacer inversiones que necesitan porque además el crecimiento será siempre gradual y paulatino. Nadie puede duplicar de un año para el otro.

Con mayor capacidad de crecimiento, abrirán más vacantes. ¿Cuentan con tanta demanda?

Sí, hay muchos jóvenes que quieren estudiar en nuestros planteles y que no lo pueden hacer porque tenemos limitaciones de infraestructura, en primer lugar. Tenemos limitaciones en nuestras instalaciones para atender con calidad y estándar a los estudiantes, porque tampoco se trata de capturar más matrícula a efectos de una mayor recaudación, esto es un grave error y tenemos que hacer esto responsablemente.

A su juicio, ¿por dónde debiera comenzar la gratuidad?

Entiendo que la idea es no discriminar a ninguna institución. Pero nosotros (las estatales) estamos dispuestos a comenzar. Lo que hemos dicho es que estamos disponibles para iniciar cuanto antes esta política y financiamiento de gratuidad, siempre y cuando el Estado disponga de los recursos porque las universidades estatales tampoco podrían decretar por sí mismas, de oficio, la gratuidad. No estamos en condiciones de hacer eso.

Algunos rectores de universidades privadas temen que la fijación de aranceles provoque inestabilidad económica en los recintos. ¿Comparte ese temor?

Creo que no debería producirse un efecto negativo, entre otras cosas, porque hoy día los aranceles de pregrado contribuyen también al financiamiento de otros servicios y actividades de las universidades, como son la investigación. Sin embargo, como han dichos las autoridades, los fondos se separarán por lo que se financiará la investigación por otras vías. En esa lógica, la fijación de aranceles no debiera tener resultados negativos para las instituciones y tengo la certeza de que esto no es la inspiración de esta política, si no, efectivamente, aumentar los recursos en los planteles

Incluso, creo que podría ayudar a sanear las finanzas.