El viernes el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, fue citado de emergencia a una reunión con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y Nicolás Eyzaguirre, titular de Segpres. Acudió a la cita también el representante de los planteles estatales, Ennio Vivaldi, y el de las instituciones regionales, Patricio Sanhueza. Tras cinco horas de diálogo, el rector Valle remarcó que salieron con la misma incertidumbre que los había llevado a criticar tan fuertemente al gobierno esta semana. La autoridad relató a La Tercera detalles del encuentro y reveló los motivos de su molestia.

¿Cómo fue la estructura del encuentro y el rol de los ministros?

Fue una reunión extensa en la que escuchamos primero a la ministra Adriana Delpiano y luego al ministro Nicolás Eyzaguirre, quienes se extendieron sobre diversos aspectos del proyecto. Después, hablamos los rectores y pasamos a analizar en especial lo relativo al financiamiento público. Recibimos más información, hicimos algunas observaciones que esperamos se consideren, y se habló,  claro, de los efectos que tendría no presentar el proyecto en los próximos días o de separar algunos temas para que sean ingresados con posterioridad. Fue una conversación útil y amable, pero poco convincente, estimo, para una y otra parte.

¿Qué les explicó el ministro Eyzaguirre?

Explicó lo que iba en el proyecto sobre las universidades estatales, señaló que había aportes basales específicos, pero que los recursos correspondientes eran materia de ley de presupuesto, sin que pudiera anticipar algún indicador, porcentaje o ítem de gasto o inversión determinado. Desde luego, hizo un esfuerzo por persuadirnos de las bondades del proyecto en materia de financiamiento, en el sentido de que las regulaciones establecidas iban a terminar con el lucro y la mercantilización. El ministro Eyzaguirre trató de convencernos de que se fortalecerá la educación pública, pero en la práctica se consolidará el mercado privado, transfiriendo mayores recursos públicos a ese sector. No hay ninguna señal acerca de cómo cambia esa cuantiosa transferencia de recursos.

¿Se les mostró el articulado?

No, no tuvimos acceso a texto alguno.

¿Les pidió que apoyen el proyecto sin conocer el articulado?

Se nos dijo que era importante nuestro apoyo para  llevar adelante esta reforma. A mi juicio, es muy difícil esperar que el otro manifieste una voluntad definida respecto de algo que no conoce. Decir que uno está de acuerdo con llevar a cabo una reforma, implica también una crítica al estado actual de las cosas, pero no equivale a entregar un apoyo a cualquier reforma.

¿Qué pudieron conocer? 

El sistema de financiamiento fue explicado con más precisión. El ministro Eyzaguirre explicitó que el crédito con aval del Estado continuará de por vida, incluso para universidades que podrán fijar sus aranceles libremente. ¿Hasta cuándo forzarán el endeudamiento para que los jóvenes puedan estudiar? Donde hay recursos públicos no puede haber libertad de precios, al menos para quien hace uso de ese beneficio.

¿Qué es lo que más les molesta del modelo de financiamiento ?

El sistema de educación superior no puede operar como el mercado público o Chile Compras. Si lo que se pretende es un financiamiento estatal, sólo por la  vía de fijar un "precio unitario" o arancel regulado por docencia, sin distinguir el carácter y fines de la institución, se transformará al Estado en un mero comprador de servicios docentes. La reforma debe garantizar que un conjunto de instituciones, de carácter público o privado, junto con recibir financiamiento estatal asuman responsabilidades en el logro de objetivos de bien común y en la función social que corresponde a todo sistema educativo. Si el Estado se reduce a comprar educación a oferentes no diferenciados, terminará haciendo lo que no pudo hacer el mercado por sí mismo, tal como ocurrió en el sistema escolar.

¿Por qué piensan que el proyecto consolidará la cobertura privada?

Porque el Estado se convierte en un gran comprador de docencia de pregrado de la misma oferta privada que hoy existe. Es decir, habrá un gran mercado más regulado, pero financiado por el Estado igual. La propuesta de reforma conocida hasta ahora, si bien contiene aspectos positivos, como una mayor regulación pública, proyecta y consolida la actual fisonomía de la educación superior chilena: no se fortalece ahora ni para el futuro la educación pública.

¿Qué pasa al interior del Cruch con la postura del G9?

Siempre han sido públicas las diferencias que hay en el Consejo de Rectores, particularmente respecto de la relación de uno y otro grupo con el Estado. Son diferencias explicables, que debe ir resolviendo la política pública, sobre la base de entender que ambos grupos han prestado un gran servicio al país. Mi opinión, en todo caso, es que este proyecto de reforma no puede pretender tratar a las universidades no estatales del Cruch de la misma forma que a aquellas claramente vinculadas a proyectos particulares o de carácter mercantil. Ello sería un desatino.

¿Por qué ellos no fueron invitados a la reunión del viernes? 

Desconozco la razón, tal vez el objetivo de las autoridades era hablar sólo de las universidades estatales, aunque en los  hechos no fue así. A mí me corresponde representar a todas las universidades que integran el Cruch y, por eso mismo, tratamos también otras situaciones que espero sean consideradas.

¿Qué pasará si esto sigue así? 

Si no es posible a partir de estos cambios incrementar las oportunidades de elegir entre lo público o lo privado, ni terminar con los incentivos a la privatización, si no contribuyen a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones públicas, y la gratuidad será el único eje del nuevo financiamiento público, esta ley no transformará el  actual estado de cosas. En consecuencia, la decisión en educación seguirá  respondiendo más a una lógica de mercado que a una relación de carácter cívico y de orden público.