Alejandra Krauss cumple mañana un ajetreado primer mes como ministra del Trabajo y Previsión Social. En las oficinas de la cartera, en calle Huérfanos, la secretaria de Estado ha recibido a empresarios, gremios, políticos y representantes de los trabajadores para interiorizarse de sus demandas y delinear la agenda laboral de la última parte de la actual administración, que tiene como ejes la implementación de la reforma laboral y la elaboración de una propuesta de cambios en materia de pensiones.

En su primera entrevista en profundidad, reconoce a La Tercera que "nadie quedó contento" con el resultado de la reforma, particularmente tras el paso de la normativa por el Tribunal Constitucional (TC) que, a su juicio, "distorsionó el espíritu de la ley". De todas formas, reivindica que la normativa está en línea con los convenios y recomendaciones de organismos internacionales.

¿Cómo avanza el proceso de puesta en marcha de la reforma laboral?

Estamos trabajando con la Dirección del Trabajo (DT) y junto al subsecretario, Francisco Díaz, en todo lo necesario para estar preparados para que el próximo 1 de abril entre en vigencia el nuevo sistema de modernización de relaciones laborales. La reforma laboral tiene de alguna forma una carga negativa pero esta normativa tiene por objeto que al interior de las empresas se establezca una nueva forma de diálogo.

¿Está conforme con el resultado de la reforma?

Lo que puedo señalar es que no era lo que se aspiraba. En eso nadie quedó contento. Es como una mesa tripartita descontenta. Ni el gobierno, ni los trabajadores y las organizaciones sindicales, tampoco los empresarios y empleadores quedaron contentos porque, en definitiva, con recurrir al Tribunal Constitucional (TC) se distorsionó el espíritu de la ley, que tenía grados de coherencia. Y creo que eso también fue un ejercicio de aprendizaje para el Parlamento y para todos los actores involucrados en lo que significa legislar.

¿No es una buena ley?

Creo firmemente que fue un avance. No existían desde hace más de 37 años cambios sustanciales en esta materia. Prefiero ver el vaso más a medio llenar que vacío. No es lo que se esperaba, pero es una ley que apunta hacia la dirección correcta donde debemos dirigirnos como país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) situó a la reforma laboral entre los principales riesgos para la econonomía chilena en 2017, ¿qué opina de ese diagnóstico?

Hace dos años la titular del FMI (Christine Lagarde) señaló que era necesario enfrentar las reformas estructurales que proponía la Presidenta Bachelet y creo que es importante recordar eso. Hubo complejidades en este proceso, pero nadie duda de que para enfrentar los problemas de desigualdad y de brecha de nuestro país era necesaria la construcción e implementación de reformas. Por otro lado, estamos en un terreno en que no se sabe muy bien cuánto va a afectar o no afectar, creo que son más bien análisis que se hacen, proyecciones posibles, pero no certezas.

El informe del FMI y el sector privado a nivel local señalan que la reforma ha generado incertidumbre y retrasado la recuperación de las confianzas...

Esa apreciación no la comparto. La legislación que se aprueba dice relación con el cumplimiento de convenios internacionales. El fortalecimiento de la organización sindical está dentro de los convenios que hemos suscrito y las recomendaciones que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos ha entregado. He asesorado a sindicatos en procesos de negociación colectiva y sé perfectamente que el trabajador cuida su fuente laboral. Tengo mucha confianza de que esta legislación puede ayudar a procesos de diálogo muchísimos más fructíferos dentro de las empresas.

Temas pendientes

¿Qué opina de la figura de la titularidad sindical que fue desechada por el TC?

Me parecía que era la línea correcta, absolutamente. No comparto los argumentos del requerimiento constitucional en ese aspecto, pero soy una ministra de Estado y debo cumplir las resoluciones del TC.

¿Los dictámenes de la DT serán suficientes para aclarar algunos temas de la normativa, como servicios mínimos y grupos negociadores?

Los dictámenes no se dictan para aclarar temas confusos, sino para entregar y difundir desde los criterios administrativos la implementación de aspectos que se estiman relevantes. El único punto que ha generado ruido, producto del fallo del TC, es acerca de los grupos negociadores. Ese es el único punto que de una u otra manera ha generado incertidumbre. Pueden o no pueden negociar los grupos negociadores y, si negocian, bajo qué procedimiento lo hacen. Esa es la incertidumbre que existe en torno a la legislación. Ese es el meollo, todo el resto se ha ido aclarando.

En ese punto, el empresariado advierte que habrá judicialización al no existir claridad sobre la interacción entre sindicatos y grupos...

Ellos han planteado eso desde el día uno. Probablemente se pudiera judicializar, pero atendido los procedimientos existentes hoy día, regulados en materia laboral, ésta es una judicialización de muy corto tiempo, de muy corto plazo.

¿La judicialización va a ser de corto plazo?

Debiera ser así, porque no hay que olvidarse que lo que se pidió en algún minuto fue la unificación de jurisprudencia, por lo que eso va a ser de muy corto plazo.

¿Se desecha definitivamente la posibilidad de una ley corta aclaratoria?

Creo que no hay que abrir expectativas en esta materia. Hoy digo categóricamente que no, no va a haber una ley corta. Ahora estamos abocados a dar cumplimiento a la ley laboral en toda su dimensión.

Agenda

Recientemente presentó la agenda laboral en el Parlamento y dentro de esa lista de iniciativas se dejó fuera a aquellas que apuntan a la polifuncionalidad y otra que plantea la prohibición de la subcontratación, ¿por qué?

Faltando un año de gobierno y pensando que en julio vamos a tener iniciada la campaña presidencial, nos pareció que esos no eran los más priorizados en la agenda, al menos en esta etapa de gobierno. Con la cantidad de proyectos que se han priorizado por esta cartera, eran más de 10, si mal no recuerdo, nos parece más que suficiente. Ahora, estamos abocados al estatuto de los temporeros y el proyecto Sanna, entre otros.

¿Cuál es su diagnóstico respecto a la situación económica del país?

El Imacec negativo de octubre implica que efectivamente la economía ha estado más frenada, pero desde el gobierno se están tomando todas las medidas para generar crecimiento y empleo. No puedo estar feliz. No puedo estar tranquila, pero confío profundamente en la política monetaria del país y en las medidas que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha tomado y que generan confianza. Además, los datos del mercado laboral parecen más tranquilizadores, así lo denotan. Creo que tenemos que hacer esfuerzos, por eso mi compromiso es que la implementación de la reforma no genere incertidumbre más allá de las naturales de cualquier legislación que se inicia.

¿Cuáles son los datos del mercado laboral que le generan más tranquilidad?

Se han generado más empleos en el último año y los salarios se han incrementado en un 5,1%. Vale decir, hay elementos que nos deberían dar confianza. Los expertos señalan que la desaceleración venía manifestándose desde hace ya varios años, pero todos debemos poner los mayores esfuerzos para que los distintos referentes y actores puedan seguir teniendo confianza en nuestro país.