"Todo episodio de abuso de menores es un tremendo dolor para la Iglesia y la sociedad. Es un delito gravísimo", sostiene el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quien se ha desempeñado en altos cargos de la Iglesia Católica chilena, por ejemplo, como presidente de la Conferencia Episcopal (Cech) en dos períodos.

En medio de sus tareas eclesiales y pastorales, el prelado, desde abril de 2011, también encabeza el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento de Víctimas, de la Cech.

A partir de su experiencia en esta área, expresa su opinión en relación al caso de la Congregación de Hermanos Maristas y, en general, sobre el tema de los abusos sexuales.

"La Iglesia en Chile está haciendo un gran esfuerzo para erradicar este mal. Las guías Cuidado y Esperanza (abril de 2015) señalan orientaciones claras y precisas al respecto sobre el posible abuso por parte de sacerdotes. En el caso de los maristas, congregación religiosa de hermanos, ellos tienen su propio protocolo al respecto", dice.

¿La orden tomó contacto con usted en relación a estos casos, para, como representante del Episcopado, pedirle consejo o manifestarle el curso de las indagatorias penales y eclesiales?

He tenido algunos contactos con el hermano Mariano Varona (uno de los voceros de la congregación y quien ha conducido la atención a las víctimas) y le he dado mis opiniones, porque lo acontecido daña a la Iglesia, aunque ellos tengan su propia autonomía.

¿Cuál es su opinión de la forma como se ha llevado adelante el tema en los Hermanos Maristas?

A mi juicio, no se ha llevado de la manera más adecuada, sobre todo al comienzo de las denuncias. Los dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco, han hablado con claridad y tomado iniciativas concretas para luchar contra este flagelo. La demora en hacer justicia agrava el daño inmenso que, por sí mismo, constituye todo abuso contra menores de edad. Desde los escándalos de Boston, a comienzos de este siglo y, particularmente, desde 2010, cuando la Santa Sede actualiza las normas para los delitos más graves, nada justifica pasar por alto o subvalorar una situación de esta naturaleza.

¿Usted alude a una tardanza?

Lo que nos preocupa desde la Iglesia no es a partir de la imagen institucional. Es por coherencia con el Evangelio que predicamos. Nuestra misión es proteger, cuidar, dignificar. El cumplimiento de la misión que nos dio Jesús, ese es nuestro centro, nuestro deber moral que antecede a la obligación jurídica y a nuestra reputación o imagen pública. En el caso concreto de los maristas, ha habido una tardanza, que gracias a Dios ahora se está corrigiendo.

A su parecer, ¿ha existido una preocupación por las víctimas?

Por lo que he sabido, se está acogiendo a las víctimas, se las escucha y se trabaja seriamente en el conocimiento de la realidad, aunque esta sea muy dolorosa. La verdad nos hace libres, nos ha dicho Jesús. Romper el silencio es un elemento clave para sanar heridas; acompañar a las víctimas y crear ambientes sanos y seguros para nuestros niños y jóvenes. Es una tarea absolutamente necesaria en que la Iglesia y el "Consejo Nacional de Prevención de Abusos", organismo de la Cech, está trabajando con todo esmero.

Más allá de este caso específico, ¿cree que, en general, los sistemas de prevención de abusos desplegados por la Conferencia Episcopal, en toda la Iglesia chilena, han ido dando resultado?

Lo primero a destacar es la voluntad decidida de la Conferencia Episcopal, de luchar con toda la energía contra el flagelo de los abusos a menores y la opción clara de que no hay lugar en el ministerio sacerdotal para quienes cometen estos delitos. La gran tarea del Consejo Nacional de Prevención de Abusos en este último tiempo es el proceso de implementación de las Líneas Guía Cuidado y Esperanza. En prácticamente todas las diócesis existe un equipo a cargo de este trabajo. El consejo nacional ha formado en cursos especiales a 164 formadores, que, a su vez, en todo Chile, han capacitado con certificados de formación básica a 20.241 personas ( 475 sacerdotes, 206 diáconos permanentes y 19.730 laicos y mujeres consagrados). Estos procesos continuarán en los años venideros. Además, miembros del consejo nacional han visitado todas las diócesis y han colaborado con otras conferencias episcopales de Latinoamérica. Romper el silencio, en torno a estos dolorosos episodios, es el gran logro en la Iglesia y en la sociedad, y que debemos continuar sin desfallecer.