Luego de que la semana pasada se aprobara en comisión mixta el proyecto que crea la figura de un administrador provisional para instituciones de educación superior que se encuentren en crisis, se espera que hoy la iniciativa sea despachada por las salas de la Cámara Baja y el Senado.
El proyecto debió pasar a comisión mixta luego de que la Cámara rechazara el artículo 9º de la iniciativa -presentado por la Alianza como indicación en el Senado-, que dice que la institución afectada por el nombramiento de un administrador podrá reclamar la legalidad de la medida ante la Corte de Apelaciones.
Debido a que la iniciativa ya fue aprobada en particular por ambas salas, es sólo este artículo el que se debe votar hoy, y se espera que sea aprobado por ambas cámaras. Al respecto, el diputado RN José Manuel Edwards dijo que "vamos a aprobar el artículo", aunque "no es, a juicio nuestro, lo óptimo". Destacó que correspondía que un juzgado de letras, y no el tribunal de alzada, viera este tipo de reclamos, pero "consideramos que de todas maneras se resguarda el debido proceso".
Sin embargo, desde la Alianza destacaron que presentarán reservas de constitucionalidad a otros nueve artículos de la iniciativa, ya que afirman que, tanto la figura como las facultades del interventor, sí vulneran el debido proceso.
Al respecto, el diputado UDI Jaime Bellolio indicó que muchas medidas cautelares del proyecto quedan en manos del Mineduc, cuando deberían ser vistas por el Poder Judicial.
"El tema del debido proceso es clave y como ha dicho la Corte Suprema, hay diversas funciones que quedarían en sede administrativa (Mineduc), cuando deberían estar en sede judicial".
Por su parte, su par gremialista María José Hoffmann dijo que la Alianza tiene preparado el documento que presentarán ante el Tribunal Constitucional, el que pueden enviar en un plazo de hasta cinco días después de que sea despachado el proyecto.
"Una intervención de estas características debiera ser nombrada por un tribunal y no por el gobierno de turno", destacó.
Asimismo, el diputado Edwards sostuvo que "vamos a presentar muchos requerimientos, porque consideramos que el proyecto le da todo el poder al Mineduc para intervenir y esas intervenciones mal llevadas pueden permitir estatizaciones encubiertas". "Los poderes que se le entregan al Mineduc son desmedidos y están en línea con la visión estatizadora del gobierno", agregó.
La presentación de reservas de constitucionalidad ante el TC implica la detención de la promulgación del proyecto hasta que se resuelvan las posibles inconstitucionalidades que éste pueda presentar.
El proyecto
La iniciativa que crea el administrador provisional y el administrador de cierre, permitirá al Ministerio de Educación tener herramientas para enfrentar casos como la crisis de la Universidad del Mar. Según el texto del proyecto, el objetivo es "resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios, así como también el buen uso de todos los recursos".
El administrador provisional actúa tras una investigación y antes de que se decrete el cierre del plantel. Dentro de los 30 días siguientes al nombramiento, deberá levantar un acta del estado administrativo y financiero en que recibe la institución, y presentar un "plan de administración provisional" y entregar al Mineduc informes trimestrales. En tanto, el administrador de cierre se designará si se revoca el reconocimiento oficial.
