Desde ayer los equipos de abogados de los partidos de la Alianza comenzaron a redactar el documento que -junto al PRI y Evópoli- presentarán este lunes ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos en el procedimiento por el cual se le otorgó un crédito de $6.500 millones a la compañía Caval, de la cual pertenece en un 50% a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, aseguró que los diputados de su partido presentarán una denuncia ante el fiscal nacional, Sabás Chahuán, ya que "al gobierno no le corresponde descartar a priori la existencia de delitos como lo ha hecho hasta ahora".

El secretario general de la UDI, Javier Macaya, señaló que el caso involucra aspectos "éticos y penales", y que más allá de la operación crediticia, es necesario que se investigue también una eventual "presión para efectos de cambiar el plan regulador de la Sexta Región".

Otro parlamentario que se sumó a la ofensiva, fue el diputado UDI Felipe Ward, quien envió ayer un oficio, a través de la Ley de Transparencia, para que la Mandataria se pronuncie y señale si tuvo algún nexo o rol la reunión entre su hijo y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic.

"Queremos que conteste si tuvo o no alguna conexión con la reunión, si ella directamente o a través de alguna persona que trabajaba para ella, gestionó la reunión", mencionó el diputado Ward.

En tanto, el senador Manuel José Ossandón y el diputado Gonzalo Fuenzalida anunciaron que en marzo presentarán al Congreso un proyecto de ley para que el cargo de director sociocultural de la Presidencia tenga la obligación de realizar la declaración de patrimonio e intereses, como es el caso de otros funcionarios públicos.