"Los chilenos quieren saber una cosa muy concreta: si los tres mil millones que ganó el hijo de la Presidenta y su nuera, se ganaron de manera legítima o ilegítima". Con esas palabras, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, hizo referencia ayer al caso Caval que involucra al hijo de la Mandataria Michelle Bachelet.

La alusión del diputado fue esgrimida luego de entregar su total respaldo a la iniciativa del Ejecutivo para otorgar una nueva institucionalidad que regule la relación entre dinero y política, anunciada en la víspera por La Moneda.

"Valoramos que el gobierno plantee un debate sobre financiamiento de la política", dijo el diputado, señalando sí, que la decisión de avanzar en ello -a su juicio- se tomó de manera "tardía". "No era necesario esperar el caso Caval para hacer el anuncio", dijo Silva.

Tanto en el gremialismo como en RN, comprometieron su colaboración para avanzar en un nuevo sistema de financiamiento para la política.

El secretario general de RN, Mario Desbordes, explicó ayer que su partido "va a colaborar con el gobierno en este momento difícil para el país", agregando que dicha propuesta debe extenderse hacia el sector público.

"Aquí se debe abordar el dinero estatal", dijo, "esto va más allá de la relación política y privados. Se debe abordar el uso inadecuado de recursos fiscales, y el uso inadecuado del cargo de algunas autoridades para favorecer candidatos de su conveniencia cuando estamos en periodos electorales", señaló el personero RN.

Por su parte, el presidente UDI se mostró abierto a incluir como sanción la figura de la destitución para casos de parlamentarios vinculados a irregularidades.

"Somos partidarios de endurecer sin duda las medidas, y que se pueda incorporar la destitución de los cargos", dijo. "Esto debe incluir no solo la injerencia de los negocios en la política, sino también -como lo hemos visto en los últimos días- de la política en los negocios".

Propuesta y estructura

Ambos partidos han venido trabajando en propuestas en torno a esta materia.

En RN recuerdan que antes de que estallara el caso Penta, el partido hizo pública la necesidad de avanzar en un perfeccionamiento del marco regulatorio. "Se lo planteamos a la Presidenta Bachelet en marzo del año pasado", dijo ayer Desbordes.

En la tienda de calle Antonio Varas conformaron el año pasado una comisión de trabajo, en la que han participado miembros de la directiva como Desbordes y el vicepresidente Alfonso Vargas. Esta comisión ha encargado estudios de casos internacionales, como los sistemas que existen en países como Canadá, Francia o Alemania.

En RN sostienen, además, que un acuerdo para un nuevo marco regulatorio debe estar sostenido en tres pilares: que se investiguen todos los casos actuales hasta las últimas consecuencias, que exista transparencia total en el financiamiento, y que se conforme un sistema que permita una fiscalización total, tanto por parte de los organismos correspondientes, como de la ciudadanía.

En la UDI, en tanto, el senador Hernán Larraín había sido instruido para liderar la propuesta gremialista. De hecho, el senador acudió en enero junto a su par Juan Antonio Coloma y a Silva, a una reunión con el ministro de Interior en La Moneda, Rodrigo Peñailillo, para presentarle un proyecto.

Según explican en la UDI, en base a esa propuesta, la directiva y algunos parlamentarios elaborarán una nueva versión.