En horas de esta mañana, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Fiscalía de Rancagua allanaron la sede de la Democracia Cristiana y la Intendencia de la Sexta Región para incautar computadores y archivos en el marco de la investigación que se realiza por supuesta intervención electoral.
La diligencia, a cargo del fiscal Luis Toledo, también fue desplegada en la casa de la secretaria regional de la DC, Sara Romero Alvarez, quien -a través de un email- invitó a seremis, directores de servicio, jefes de departamentos y funcionarios de gobierno a una actividad a la que pedía llevar información de cada una de sus reparticiones.
En entrevista con latercera.com, el fiscal recordó que ayer recibió la denuncia de parte de los diputados Esteban Valenzuela y Alejandra Sepúlveda "respecto de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de violación y secreto de funcionarios públicos respecto de una funcionaria pública que habría recavado información y la habría entregado a distintas personas principalmente a candidatos a parlamentarios".
"Hemos coordinado tres diligencias simultáneas, efectivamente para evitar que la información que pudiéramos recabar se pudiera perder de algún modo. Se incauta toda la información contenida en soportes digitales, principalmente en CPU y discos compactos", señaló Toledo.
Según Toledo, el objeto de la diligencia es "recuperar y recavar la prueba que sea suficiente como para poder efectivamente imputar un delito determinado".
Finalmente, agregó que la diligencia se hizo con la colaboración del gobierno regional, principalmente del intendente, con quien se reunió esta mañana.
EL CASO
Un extracto del email que generó la denuncia dice: "A esta reunión solicitamos llevar digitalizados en cuatro copias lo que a continuación se detalla: 1. Detalle de Programas implementados en su servicio por Distrito, incluyendo presupuesto, objetivos, alcances de los mismos, entre otros. 2. Base de Datos de beneficiarios e impacto en la región por distrito. 3. Base de Datos de organizaciones beneficiarias por distrito. 4. Fechas tentativas de futuros encuentros, seminarios, capacitaciones, entrega de beneficios, entre otros. 5. Nombre de funcionarios de confianza de su servicio que puedan servir de puente de información y/o gestión interna. 6. Nómina de funcionarios públicos DC (fonos y correos privados), de su servicio lo que nos permita armar prontamente los núcleos en cada repartición pública".
A renglón seguido, el correo firmado por Romero señala que "demás está decir que la información recopilada será usada con un criterio sólo de carácter político y con la más absoluta reserva, protegiendo sus cargos".
El caso fue dado a conocer la semana pasada por el timonel del PRI, Jaime Mulet, y el diputado Esteban Valenzuela, quienes fueron respaldados más tarde por algunos parlamentarios de la Alianza.
Ayer Mulet se reunió con el contralor Ramiro Mendoza para brindarle más antecedentes del caso.
