Solo ha pasado una semana desde el comienzo de 2018 y el país ya lamenta el primer femicidio del año. La víctima, de iniciales B.V.H., tenía 23 años y habría sido asesinada por su conviviente en la comuna de La Florida, Santiago, con quien tenía un hijo en común.

Su historia, como ya se sabe, no es un caso aislado, sino que se suma a la de otras 41 mujeres, que según las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, fueron víctimas de este delito durante el año pasado.

Además, otras 112 mujeres figuran en la categoría de femicidio frustrado por parte de sus parejas o ex parejas, de acuerdo con los registros de la misma cartera.

Sin embargo, estas cifras no cuentan como "oficiales" para algunas organizaciones vinculadas al tema. En la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres llevan su propio catastro de femicidios, donde los números son notoriamente más elevados. Para 2017, por ejemplo, su registro contabiliza 65 muertes, las que en 2016 llegaron a 52, mientras que el ministerio registró 34 decesos para aquel período (ver tabla anexa).

¿Por qué se produce este contraste? Lorena Astudillo, abogada y vocera de la organización, explicó que ellas se rigen por lo que el movimiento feminista mundial define como femicidio. "El concepto indica que el femicidio es el asesinato de una mujer en manos de un hombre por el solo hecho de ser mujer, y que está basado en la sensación de dominación y desprecio hacia su vida", puntualizó.

Por ello, sus cifras también incluyen delitos que en la legislación chilena son calificados como parricidios u homicidios, además de aquellos crímenes donde la víctima y agresor no se conocían o mantenían una relación informal (pololeo).

En Chile, la Ley 20.480 define al femicidio como "el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente".

Sobre el alza en las cifras durante el año pasado, la abogada sostuvo que "la Ley de Femicidio, promulgada en 2010, tuvo un efecto muy fugaz, que hizo que disminuyeran los casos durante los primeros dos años, pero luego las cifras han vuelto a ser las mismas de antes".

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, agregó que "cuando se discutió la Ley de Femicidio las organizaciones feministas planteamos al Parlamento que el solo aumento de la pena no iba a significar una disminución en los casos. Eso no amedrenta a los agresores y ha quedado perfectamente claro".

Agregó que lo anterior sucede porque "no existe un órgano del Estado que esté a cargo del seguimiento y monitoreo de las medidas de protección, que vigile que efectivamente se le está dando seguridad a las mujeres".

Elena Dettoni, vocera de la Coordinadora Ni Una Menos, indicó que "la problemática de los crímenes de odio, como el femicidio, es una pandemia. En Latinoamérica hay legislaciones que tipifican la violencia machista, pero no dan abasto, están llegando tarde".

Desde la coordinadora se plantea que el cambio se debe generar a través de la prevención y una de sus propuestas es mejorar el acompañamiento a quienes se atreven a denunciar las agresiones.

"Cuando una mujer sufre violencia es ella la que debe salir de su hogar y esconderse. Lo que nosotras proponemos es la construcción de pequeños condominios sociales con resguardo policial, para que las mujeres puedan estar transitoriamente, mientras se llevan a cabo los procesos judiciales contra los agresores", detalló Dettoni.

La Tercera consultó al Ministerio de la Mujer respecto del alza de las cifras en 2017, pero no fue posible obtener una respuesta.