Venezuela arriesga enfrentar una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente, según un informe del grupo Amnistía Internacional (AI) dado a conocer hoy.
 
El reporte, titulado "Venezuela: La espiral de violencia amenaza el Estado de derecho", documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar desde comienzos de febrero.
 
La investigación incluyó cifras que la Fiscalía venezolana le aportó a Amnistía sobre denuncias de abusos hasta el jueves pasado y que suman 81, como también varios testimonios de los presuntos abusos.
 
Según las cifras de la Fiscalía, hubo un total de 37 muertos (29 civiles y ocho funcionarios de seguridad y orden público), 559 heridos y 168 personas actualmente arrestadas, aunque el total de detenidos en 49 días de protestas antigubernamentales es de 2.153.
 
"El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se toman pasos para llevar a las partes en conflicto a un diálogo", declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 
 
"Esto sólo puede ocurrir si ambos lados respetan los derechos humanos y el Estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, con personas ordinarias llevándose la peor parte", continuó.
 
En su informe, Amnistía advirtió que la violación de derechos humanos viene de ambos lados del conflicto, "aunque el balón parece estar del lado del gobierno", subrayó la organización.
 
También denunció un uso "excesivo" e "indiscriminado" de perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua a presión sin advertencia ni opción de desalojar, y documentó abusos a los derechos humanos cometidos por grupos en favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados.
 
"Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva y aquellos responsables, llevados a la justicia", dijo Guevara Rosas en el informe.  
 
"La crisis política amenaza con socavar cualquier progreso hecho en los años recientes en lo que respecta a los derechos de las personas más marginalizadas del país", destacó.
 
Por otro lado, el informe advirtió sobre las arbitrariedades cometidas en muchos de los arrestos, ya que algunos manifestantes han sido "detenidos sin orden de aprehensión y sin encontrarse cometiendo ningún delito (en flagrancia)". 
 
En ese sentido, Amnistía exhortó al gobierno venezolano a asegurar que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes "de cada una de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido".
 
Además, hizo un llamado a las autoridades del país, para que se comprometan a un Plan Nacional de Derechos Humanos, "que sea resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil".  
 
"El gobierno y la oposición deben comprometerse a utilizar medios pacíficos para resolver la crisis política e instruir a sus partidarios que la violencia y la retórica confrontacional que pueda incitar a la violencia no será tolerada. La comunidad internacional, incluyendo los países vecinos, debe fomentar el diálogo constructivo en el país", concluyó Guevara Rosas.