Amnistía Internacional denunció la existencia de "numerosos casos de violaciones a los derechos humanos" que han tenido lugar en Honduras desde el pasado 28 de junio cuando fue derrocado el presidente Manuel Zelaya.

La organización de derechos humanos señaló en un comunicado que "hay decenas de personas en Honduras que todavía están sufriendo los efectos de los abusos cometidos en los últimos cinco meses".

La entidad envió una misión a Honduras que por 10 días investigó la situación de los derechos humanos, la cual fue presidida por Javier Zúñiga.

De acuerdo a Amnistía Internacional entre las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales hay "muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, el uso indiscriminado e innecesario de gases lacrimógenos, malos tratados a deteneidos, violencia contra las muejeres, acoso de activistas" entre otros.

Amnistía dijo haber constatado que las "autoridades civiles de facto no hicieron nada para impedir el uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra los manifestantes".

Según el informe de la entidad, entrevistaron a varias personas que dijeron que después que fueron golpeadas o lesionadas "tenían demasiado miedo como para pedir ayuda médica ya que la policía y los militares entraban en los hospitales para intimidarlos".

Zúñiga criticó que "durante la crisis, las instituciones de Honduras han fallado lamentablemente en su obligación de proteger los derechos humanos fundamentales".

Por ello pidieron a las autoridades una investigación independiente a fin de asegurar que los responsables de las violaciones a los derechos humanos "sean llevados a la justicia y que se le brinden reparaciones a las víctimas".

Amnistía pidió a las futuras autoridades políticas hondureñas a "revocar toda la legislación, decretos y órdenes ejecutivas emitidas por las autoridades de facto que afecten directa e indirectamente a los derechos humanos".