La Comisión de Hacienda de la Cámara comenzó ayer la discusión de la reforma a la educación superior con una exposición de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga; y del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Las autoridades explicaron la iniciativa que salió de la Comisión de Educación y el presupuesto que involucra.

Precisamente sobre esto último Hacienda informó que en 2018 el gobierno proyecta que la gratuidad tendrá un costo adicional de $ 217 mil millones (US$ 327 millones) adicionales para las arcas fiscales, producto del posible ingreso de nuevas instituciones y el aumento de la cobertura del quinto al sexto decil de ingresos. Este año, el presupuesto de la gratuidad es de US$ 1.200 millones ($ 750 mil millones) y hay 44 instituciones adscritas a la ayuda financiera. Así, la gratuidad 2018 superaría los US$ 1.500.

Para Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, las cifras son coherentes, pero tienen una complicación. "Por el hecho de que se reemplaza aporte privado por gasto público, es muy fuerte la presión por subir los fondos a las instituciones para que no les signifique una merma. Por lo tanto, las estimaciones de Hacienda, que ya son elevadas, inevitablemente van a crecer, considerando que esta política genera déficit financiero", señaló Figueroa.

"Este es un proyecto extremadamente caro y regresivo", agregó Figueroa.

La gratuidad 2018 nuevamente deberá quedar regulada en la Ley de Presupuestos, debido a que es poco probable que la reforma esté despachada y promulgada este año. Por lo tanto, la ampliación de la cobertura al 60% de la población más vulnerable será un potencial foco de conflicto en la discusión presupuestaria. Esto, principalmente porque el candidato presidencial Sebastián Piñera (que acaba de ganar las primarias de Chile Vamos) ha anunciado que no extenderá la gratuidad y que es partidario de un sistema de becas y créditos.

Urgencia

La comisión tuvo momentos tensos. El diputado Pablo Lorenzini (DC), criticó que se apresure la tramitación del proyecto y señaló que no aprobaría la iniciativa. Este conflicto se desató porque el Ejecutivo busca que la Comisión de Hacienda despache hoy el proyecto para que pueda ser votado en Sala el próximo martes.

"Estamos hablando de un proyecto de más de US$ 3.000 millones, es más que la reforma laboral. Esto es una falta de respeto, porque así no se legisla para el país", dijo el parlamentario.

Por otro lado, Felipe de Mussy (UDI) señaló que hay una serie de elementos técnicos, como los aranceles, que no se han transparentado. "Un proyecto así hay que sacarlo en un tiempo que corresponda. Votar una iniciativa de esta magnitud en un día y medio o tres días es una irresponsabilidad", dijo el diputado.

José Miguel Ortiz (DC), presidente de la Comisión, señaló que "hay disposición de buscar acuerdo mañana (hoy) para cambiar lo decidido por la comisión" y darle más tiempo a la tramitación.