Un respaldo de todas las bancadas parlamentarias concitó la iniciativa levantada por los presidentes del Senado, Jovino Novoa, y de la Cámara, Rodrigo Alvarez, de poner fin a las asignaciones directas de parlamentarios. En medio de los escándalos protagonizados por legisladores por el uso de asignaciones, en el Congreso se resolvió quitarles la facultad de usar en forma discrecional esos dineros y traspasarlos a la administración de un organismo responsable.
Una de las fórmulas que se baraja es crear una comisión externa -que audite, determine y se haga cargo de la entrega de los dineros asignados- o levantar una contraloría interna.
"Esto responde a los requerimientos que la ciudadanía está haciendo respecto de la transparencia y la manera como deben usarse los bienes y los recursos públicos", dijo el jefe de bancada de los diputados de RN, Joaquín Godoy. Su par de la UDI, Claudio Alvarado, añadió que "lo único que está claro es que los diputados no volverán a intervenir en la fijación de asignaciones ni tampoco tendrán control sobre su distribución".
La misma postura tuvieron en la Concertación. Marcelo Díaz, jefe de bancada PS, sostuvo que la apuesta es "hacer reformas radicales que establezcan líneas infranqueables entre los recursos entregados a los parlamentarios y la labor legislativa. Lo que buscamos es que un organismo externo se encargue de administrar los recursos".
En el oficialismo señalan que la idea de transparentar las asignaciones surgió en la gestión de Eduardo Frei en la presidencia del Senado y de Patricio Walker en la Cámara.
Gonzalo Duarte, subjefe de bancada de la DC, comentó que "hace tiempo que venimos actuando en conciencia para regular los gastos parlamentarios, desde el año pasado, que el diputado Walker junto al senador Frei presentaron una modificación a la ley orgánica del Congreso". En paralelo, Ramón Farías (PPD) dijo que su partido esperaba que saliera "pronto" un mecanismo para transparentar estos gastos.
En las últimas semanas, los jefes de bancada han sostenido tres reuniones para delinear soluciones al problema. Para el miércoles de la próxima semana está previsto que el secretario de la Cámara entregue una propuesta jurídica sobre el tema.
La iniciativa fue analizada el miércoles de la semana pasada por Novoa, Alvarez y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. El diálogo buscó sumar el apoyo del Ejecutivo a una modificación reglamentaria, bajo la convicción de que era necesario frenar el desprestigio en que ha caído el Congreso tras las últimas denuncias.
Pérez Yoma confirmó que se había reunido con los timoneles, pero afirmó que "la reunión no versó sobre este tema, no nos han solicitado ninguna ayuda respecto de eso". Sin embargo, altas fuentes de gobierno y del Congreso confirman que el tema sí fue abordado en la cita.