Una minuta que contiene la redacción de tres hitos iniciales en materia de derechos humanos fue confeccionada y sellada ayer entre los cuatro miembros del incipiente colectivo Amplitud.

Conectados vía WhatsApp desde sus distintos destinos de descanso, los ex RN y fundadores del movimiento, Karla Rubilar, Pedro Browne, Joaquín Godoy y Lily Pérez, proyectaron gestiones legislativas y mesas de trabajo que -según explican- avanzarían en su compromiso por detener y evitar abusos a los derechos humanos de los ciudadanos.

Según explican Rubilar y Browne, la ofensiva se iniciará este martes 25 con un hecho simbólico y no incluido en la minuta: la conmemoración de 32 años de la muerte del ex dirigente radical, Tucapel Jiménez.

Una carta firmada por los miembros del colectivo será enviada al diputado PPD e hijo homónimo del ex presidente de la Anef, asesinado el 25 de febrero de 1982.

"Para nosotros, el asesinato del padre de Tucapel el año 1982, junto con el caso degollados, representan de forma nítida cómo el Estado violó los DD.HH. durante la dictadura", dice Rubilar. Y agrega: "Nuestra carta muestra el compromiso férreo que tenemos porque estos hechos nunca más vuelvan a repetirse en nuestro país".

La arremetida de Amplitud se produce meses después del impacto que causó en la centro derecha la ofensiva del Presidente Piñera durante la conmemoración de los 40 años del Golpe, donde apuntó a los "cómplices pasivos" de la dictadura, en alusión a los civiles que avalaron el régimen de Pinochet. A ello se suma el cierre del penal Cordillera. Así, los dirigentes ex RN buscan marcar diferencias con la mirada tradicional sobre el tema, siguiendo la línea de Piñera.

Sin embargo, según la minuta que Amplitud socializó ayer, la idea de promover una agenda pro DD.HH., no apunta solamente hacia hechos que configuren violencia política. También -dice el escrito- se abocará a "la vulneración de cualquiera de los derechos humanos".

La declaración detalla tres hechos puntuales que materializarán los integrantes del movimiento político.

Como punto inicial, dice, "pediremos al gobierno de Michelle Bachelet poner urgencia al proyecto que crea el Defensor Ciudadano, para proteger a las personas de los abusos del Estado y de las empresas que entregan servicios en áreas públicas".

Luego explica que desplegarán gestiones para agilizar la tramitación de una serie de leyes que descansan en el Parlamento, como la ley de protección general a la infancia, el defensor del niño, la ley contra la incitación al odio y el proyecto que moderniza el recurso de protección, amparo y tutela de los derechos fundamentales.

En tercer término, Amplitud comenzará mesas de trabajo con Amnistía Internacional y Human Rights Watch para avanzar en la agenda Bicentenario pendiente respecto a derechos de pueblos originarios, reos y estudiantes.

"Nosotros creemos que estos temas no se resuelven con crecimiento económico", dice Pedro Browne, en relación a lo que, a su juicio, la ciudadanía cree sobre quienes componen la derecha tradicional.