A raíz de la polémica que ha generado el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, que terminó con la salida de Rodrigo Valdés del ministerio de Hacienda y de Luis Felipe Céspedes de la cartera de Economía. La directiva nacional de Amplitud junto el candidato a senador, Óscar Rementería, presentaron propuestas para enfrentar la discusión de proyectos energéticos que afectarían al medio ambiente.
Como eje de las ideas el partido busca evitar que el Comité de Ministros sea el ente que decida el futuro de estas iniciativas, y en su lugar sean instituciones de expertos en materia mediambiental los encargados de discutir estos temas y deliberar.
Para se busca la creación de tres instancias: la Agencia Nacional de Desarrollo Sustentable; el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, y una Agencia de Protección Ambiental.
Respecto a la primera propuesta, Óscar Rementería explicó que debe contar con miembros elegidos por Alta Dirección Pública, que duren cinco años en sus cargos, para que trasciendan el gobierno de turno, que tengan un presupuesto autónomo asignado por ley, y con criterios establecidos en las distintas normas legales.
En tanto, el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, tendrá como objetivo la determinación de políticas públicas a largo plazo, relacionadas con la de protección del medioambiente.
Dicha institución tendrá a sus integrantes por asignación del gobierno; y deben representar a la academia, los servicios públicos, empresas y organizaciones no gubernamentales, y de la sociedad civil. Se espera que con ello cuenten con autonomía para funcionar, "no solamente para plantear políticas públicas a largo plazo, sino también normas y nuevas leyes, o el perfeccionamiento de las leyes vigentes, cuyo objetivo sea la protección del patrimonio", agregó Rementería.
Finalmente la agencia de Protección Ambiental, que será un servicio público autónomo del gobierno de turno y su misión será "fiscalizar de manera independiente el cumplimiento de las normas y leyes vigentes". Su autoridad máxima (director) será elegido Alta Dirección Pública que presentará una terna al Presidente de la República; quién eligirá a uno que será presentado ante el Senado para su ratificación.
El cargo tendrá una duración de cinco años y una carencia de dos años.
Se espera que ésta después pase a ser la Superintendencia del Medioambiente.
