Luego de que la comisión sobre probidad y transparencia de la Nueva Mayoría presentara el lunes sus propuestas para enfrentar la crisis generada por los casos Penta-SQM y Caval, ayer surgieron críticas desde el propio sector a un aspecto que fue omitido en ese trabajo.
Parlamentarios del bloque oficialista cuestionaron que el equipo creado por los presidentes de partido no haya propuesto incluir a las colectividades en la Ley que regula el lobby y la gestión de intereses particulares, iniciativa aprobada a inicios de 2014 y que entró en vigencia el 28 de noviembre pasado. Si bien esa normativa regula a varias autoridades públicas, entre ellas a los parlamentarios, no considera a dirigentes de partidos.
El asunto había sido discutido en privado. E, incluso, en los días previos había trascendido como una de las principales medidas que se impulsarían.
El timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, reconoció ayer que ese fue un tema que se discutió al interior de la comisión de la Nueva Mayoría y admitió que finalmente no se impulsó debido a diferencias entre los partidos. "No hubo acuerdo entre todos los presidentes para incorporarlo. El diputado Sergio Aguiló -presidente de la Izquierda Ciudadana- y yo estuvimos por incorporarlo", dijo a La Tercera. Otro que estuvo en la misma línea fue el líder del Partido Radical, Ernesto Velasco.
La omisión fue leída en varios sectores -de oficialismo y oposición- como una contradicción con el discurso que los propios líderes de la Nueva Mayoría han pronunciado en las últimas semanas en materia de mejoras a las normas de probidad y transparencia del sistema político. Así, desde el PS surgieron las primeras críticas. "En esta línea anticorrupción es necesario que los partidos y agentes políticos estén incluidos dentro de la Ley de Lobby. Los partidos deben tener la capacidad suficiente para autolimitar la extensión de los contactos y conexiones que ellos tienen. Puede ocurrir que un agente partidario no sea legislador ni miembro del gobierno, pero sí tenga un rol como empresario. Hay muchos que tienen el carnet de un partido y que pueden desplegar sus redes al interior de ese partido. Podrían hacerlo impunemente si es que no se considera el Lobby en los partidos", dijo el diputado Juan Luis Castro.
En la misma línea, los vicepresidentes DC Gabriel Silber y Fuad Chahín presionaron por incluir este punto en las propuestas del bloque. Mientras Chahín señaló que "los partidos deben estar regulados por la Ley de Lobby", Silber calificó la marginación de esta propuesta como un "contrasentido". A su juicio, "si proponemos que los partidos sean receptores de fondos públicos, y además persiguen finalidades públicas, lo lógico es que también estén afectos también a la regulación del lobby".
También desde la falange, además, apuntaron a un problema de fondo que existe en esa normativa. Entre otras cosas, cuestionan que no exista un registro de lobbistas, sino que estos sólo quedan inscritos en un listado una vez que hayan solicitado una reunión con alguna autoridad para influir en una materia determinada. "La ley tiene una falencia, que es que descansa en el sujeto pasivo del lobby, lo que es absurdo. Creemos que hay que perfeccionarlo", dijo el diputado de ese partido Matías Walker.
