El ideólogo de la propuesta B de la Comisión Bravo destaca el avance logrado pese a la falta de acuerdo y lo ve como una prueba de que lo ocurrido hace un año en dicha instancia no fue al azar.

¿Qué opina de cómo terminó el proceso?

Creo que el hecho de que no se llegara a acuerdo refleja que lo que ocurrió en la Comisión Bravo no es casualidad. Que hay opiniones divergentes y que existe un esfuerzo serio del Ministerio de Hacienda, que ha logrado avances importantes como el ente estatal y los usos diferentes de la cuenta individual, dos aspectos que al sistema actual le faltan. Ahora bien, dista mucho de la propuesta B, que yo apoyo, pero es un avance, y cuando uno ve que están proponiendo algo como esto, con avances en una administración estatal, es un avance significativo hacia reformas más estructurales.

¿Cómo cree que seguirá el proceso?

Hay posiciones ideológicas sobre cómo manejar un sistema de pensiones, entre izquierda y derecha y también dentro de la Nueva Mayoría, sobre el rol de las AFP. Creo que esas cosas se tendrán que zanjar en una instancia distinta de una mesa técnica. Todos estamos tratando de pensar en lo mejor.

¿En qué otra instancia?

La instancia legal es el Parlamento, pero si la ciudadanía no se siente interpretada por lo que salga, se va a manifestar.

¿Pudo el análisis de la Comisión Bravo tener un mayor rol en el debate?

No debió haberse minimizado el informe de la Comisión Bravo. Si el gobierno se hubiera enfocado en las propuestas alternativas que a la opción A, que fueron la B y la C, se hubiese avanzado mucho más. Le tomó tiempo, a no sé quiénes, darse cuenta de la importancia de ver la seguridad social desde una nueva perspectiva o desde la necesidad de cambios estructurales, y eso es lo que planteamos en las propuestas alternativas a la A.

¿Es más costosa la gestión del 5% en manos estatales?

Eso es un volador de luces que lanzaron las AFP para decir que pueden administrar por costo cero, cuando después, rápidamente, iban a subir igual las comisiones a los afiliados. Sí hay un costo estatal, pero como esta es una función del Estado, fácilmente se puede afectar a costos generales, y no a los trabajadores en forma directa. Se están mirando modelos alternativos que se ocupan en la seguridad social, no sólo voluntario y privado. Y si hay alternativas y que funcionan, muy bien.