El fraude con tarjetas bancarias es un delito que, a la luz de las cifras, parece no dar tregua. Según las estadísticas del Ministerio Público, en 2012 se investigaron 14.685 casos, mientras que en el año pasado la cifra aumentó a 57.253, evidenciando un incremento del 290%. Estos números tienen una correlación con los últimos resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2016, en que el 3,6% de los consultados dijo ser víctima de un delito de clonación de tarjetas. En la medición de 2015, los afectados llegaron al 2,3%.

Esta situación atrajo la atención del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, quien evidenció su preocupación por los riesgos asociados a la proliferación de este ilícito: "A la larga, esto va a comprometer la seriedad y seguridad que otorga el sistema financiero".

En una conversación con La Tercera, Montes ahondó en este fenómeno y, además, se refirió a algunos de los principales casos que investiga la fiscalía que dirige.

¿Cuál cree que es la situación más delicada en las clonaciones?

El hecho de que, normalmente, quien es víctima no tiene forma de evitar la comisión de estos delitos, ya que lo único que hace es utilizar los medios que el propio sistema bancario le proporciona para realizar estas transacciones.

¿Quién debe responder cuando ocurren estos fraudes? Muchas veces se insta a contratar seguros.

Estimamos que no es aceptable que los bancos traspasen el costo de los fraudes con tarjetas a las víctimas. La banca es quien deben adoptar las medidas para evitar que esto ocurra. Hasta ahora se han tomado algunas medidas, pero claramente no han sido eficientes para evitar que estos delitos se sigan cometiendo. Por eso, reitero que no se pueden traspasar los costos de las ineficiencias del sistema de los bancos a los propios usuarios, que luego son víctimas. En muchos casos, si no tienen seguro, no pueden recuperar lo que perdieron.

¿El aumento de estos hechos tiene relación con que la persecución penal no sería eficiente?

La persecución no es fácil. El porcentaje de casos en que se detiene de forma flagrante a estas personas es muy baja, no más allá del 2%. Pero lo importante es realizar análisis para identificar a las bandas, que son organizadas y se distribuyen roles. Además, hay muchos casos en que el delito excede las fronteras, en que hay bandas que clonan tarjetas en Chile y las usan fuera del territorio. Esto implica que el sistema es vulnerable y se deben mejorar las medidas de seguridad.

¿Qué penas arriesgan los autores?

Desde 2009 hay una legislación que abarca esta materia. Las penas son de presidio menor en cualquier grado, es decir de 61 días a 5 años, pero creo que es necesario revisar esta legislación, actualizarla a las nuevas tecnologías, así como evaluar el uso de herramientas especiales de investigación, ya que son bandas organizadas.

¿El aumento de estos delitos va de la mano con que se entregan más tarjetas bancarias?

Si bien han crecido estas transacciones, deben tomarse medidas para que este delito no siga ocurriendo, ya que a la larga eso va a comprometer la seriedad y seguridad que otorga el sistema financiero a los propios usuarios.

Dentro de su jurisdicción como fiscal está el centro cívico, donde están gran parte de los edificios gubernamentales. ¿Cómo es investigar los delitos que ocurren dentro de estos lugares?

Son casos de cierta significación. Las causas que afectan la probidad pública son seguidas por la Fiscalía de Alta Complejidad. Además, hemos tenido criterios bien estrictos a la hora de definir los cierres, al restringir significativamente la suspensión condicional. En general, entendemos que en estos casos debe llegarse a una decisión judicial.

Su fiscalía también lleva el caso OAS, en que se indaga presunto financiamiento irregular de campañas políticas por parte de la empresa brasileña. ¿Cómo ha sido la colaboración con las autoridades de ese país?

Hasta ahora ha existido una colaboración importante, que ha permitido añadir elementos a la investigación.

Además de ME-O, ¿este caso podría escalar a otras personas del mundo político?

Eso es una especulación. Lo importante es que el caso sigue su curso y la fiscal Ximena Chong hará todo de su parte para aclarar los hechos investigados.

Usted, personalmente, indaga la situación de LAN, por el presunto pago de coimas para operar en Argentina en 2006. Esta causa fue reabierta luego de que Chile adhiriera a la Ocde. ¿Qué falta para cerrar esta investigación?

Estamos en el análisis de la información recopilada, con el objetivo de determinar los siguientes cursos de acción y definir si efectivamente hubo delitos en Chile o solamente ocurrieron en el extranjero. Este es un caso donde los hechos se produjeron, principalmente, en Estados Unidos y en Argentina, por lo que se debe analizar la competencia de la fiscalía y tribunales chilenos para determinar si alguna conducta es sancionable en Chile.

¿Cuál fue el rol del ex presidente Sebastián Piñera en este proceso?

El tiene solamente la calidad de testigo, dado que era uno de los dueños de la empresa hasta hace algún tiempo, pero no tiene ninguna vinculación directa ni ha sido señalado como imputado.

Su fiscalía también indaga las presuntas irregularidades en las licitaciones de Carabineros. ¿La institución ha colaborado?

Se siguen realizando distintas diligencias y, hasta ahora, hemos tenido plena colaboración por parte de Carabineros para obtener la información necesaria.

¿Puede haber un delito?

Ese es el motivo de la investigación. Revisar si todos esos antecedentes, que dicen relación con las adquisiciones, configuran o no un delito, así como establecer si algún efectivo se ha apartado o no del cumplimiento de sus deberes funcionarios.