ANFP solicita ampliar investigación en contra de abogados de Jadue

El viernes, el Secretario Ejecutivo de la ANFP, Ángel Valencia, requirió al Ministerio Público que se amplíe la investigación en la querella de la institución contra Sergio Jadue, a fin de que se establezca cómo se pagaron los pasajes aéreos de los abogados José Pablo Forteza y Oscar Fuentes, quienes concurrieron a Nueva York para asesorar al calerano.

Hoy se acogió a tramitación. Las diligencias solicitadas son que se citen a los profesionales a prestar declaración. El requerimiento de la ANFP en su punto 3 señala: "El delito de apropiación indebida se configura público por el pago de su propia defensa jurídica por el imputado Sergio Jadue Jadue y de pasajes aéreos para ella, todo con fondos de propiedad de la Asociación Nacional de fútbol Profesional".

La asociación ya perdió un juicio laboral contra Fuentes. En aquel proceso se estableció que "el actor (Fuentes) ha aportado prueba tendiente a refutar la tesis del demandado (ANFP), y especial consideración debe tenerse con el contrato de prestación de servicios legales entre la ANFP y el abogado José Pablo Forteza, de 25 de junio de 2015 en que se establece que AMALFI estará obligada a asesorar legalmente al director y el presidente de la ANFP don Sergio Jadue Jadue en lo que dice relación con la investigación llevada a cabo por la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y que dice relación con irregularidades y/o eventuales delitos que se habrían cometido al interior de la FIFA. Dicha asesoría comprende necesariamente la coordinación con el estudio de abogados que defenderán los intereses de la ANFP, de don Sergio Jadue Jadue como así también de cualquier otro funcionario o empleado de la ANFP que pudiera verse involucrado en la investigación criminal a la que se ha hecho referencia".

Fuentes cercanas a los juristas que asesoraron a Jadue apuntan que los profesionales están analizando acciones legales en contra de la ANFP. Un tema que expone a Quilín en tribunales, ya que hasta hoy suman más de 1.000 millones de pesos perdidos en juicios contra ex funcionarios de la administración pasada de la Asociación.