"Hagan los arreglos respectivos. Cuentan con mi apoyo dentro y fuera de la empresa, la vida debe seguir para todos". Así comenzó una cadena de correos electrónicos entre Alberto Chang y sus ejecutivos chilenos del Grupo Arcano el 29 de marzo del año pasado, luego que se activara una alerta tras las publicaciones de algunos medios de prensa en Estados Unidos replicando lo publicado en Chile dos días antes: habían encontrado algo "raro" en el inversor que prometía hacer rentar el dinero como ningún otro fondo.
Pero pronto el "apoyo" prometido por Chang a su personal se extinguiría. En julio del mismo año, el hoy prófugo le dio la espalda a sus ejecutivos y afirmó que se coludieron en su contra.
A casi un año del inicio del caso, con las sociedades quebradas en Chile, la prohibición de operar de por vida en Estados Unidos y un proceso penal que busca por todos los medios traerlo a Chile, aún no se da con el objetivo principal: que Chang, quien hoy vive en un departamento con vista al mar en la localidad de Sliema, al noreste de Malta, se siente frente a un juez, mire a los cerca de 1.000 inversionistas que apostaron unos US$ 100 millones con él y sus supuestas credenciales académicas y financieras y les diga dónde están sus dineros.
Al principio del caso, por medio de entrevistas y de los varios abogados defensores que tuvo, decía que los fondos se iban a reintegrar en su totalidad, que daría la cara y que por culpa de las investigaciones tenía sus cuentas congeladas en el extranjero. Pero varios de sus argumentos empezaron a caerse uno a uno. Bancos como Chase o JP Morgan revelaban que los montos depositados eran bajísimos y varios habían sido girados por el propio Chang en marzo del año pasado a otras cuentas fuera de EE.UU. Además, se han detectado cuentas en Islas Vírgenes, Australia, Isla de Man, Suiza, China y otros países, hoy congelados y a la espera que se recuperen para las víctimas. Entre todos, no suman los US$ 100 millones en los que se ha valorizado el fraude.
Actualmente, las causas que tiene abiertas Chang se dividen en tres aristas. En lo civil, hay tres procesos de liquidación en curso. Uno por Grupo Arcano S.A., la sociedad holding desde donde se manejaba el negocio financiero; otro de Onix Capital, su vehículo de inversiones, y otra personal, donde propuso en noviembre del año pasado pagar deudas reconocidas por cerca de US$ 88 millones. La propuesta la hizo a través de su madre, Verónica Rajii, pero no aclaró de dónde sacaría el dinero. Los acreedores no le creyeron.
Además de ello, los liquidadores de las sociedades han logrado rematar algunas cosas de su oficina y han solicitado recuperar inversiones que tenía de manera directa en algunas empresas. Todo está en compás de espera y avanza a un ritmo más lento del que los acreedores esperarían.
También se abrió una causa en Estados Unidos, donde la mismísima Securities and Exchange Commission (SEC, símil de la SVS chilena) acusó el 1 de diciembre a Chang de defraudar a inversionistas estadounidenses, finalmente un tribunal de bancarrota de Miami le prohibió operar o recomendar inversiones en dicho país. Aún sigue pendiente cómo y quién liquidará los bienes que el empresario tenía en EE.UU.
Pero es en la arista penal donde se centran las mayores esperanzas de recuperar algo. Fue el 27 de abril de 2016 cuando el fiscal Carlos Gajardo formalizó en ausencia a Chang en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por estafa, infracciones a las leyes de bancos y de valores y lavado de activos. En esa misma fecha se comenzó a tramitar una petición de extradición para traer a Chang desde Malta, lo que no ha sido nada sencillo.
El proceso no es entre privados, ya que la extradición, que finalmente la Corte de Apelaciones de Chile autorizó el 10 de junio, es solicitada -y por lo tanto representada- por el Estado de Chile, que le pide al Estado de Malta traer a Chang. Diversos querellantes se han quejado que el Ministerio de Relaciones Exteriores poco ha hecho por este cometido. Lo que más han solicitado es que exista un abogado de "enlace" de Chile, ya que no tiene representación diplomática, lo que hasta hoy no sucede, y los intereses del Estado chileno son representados por la Procuraduría General de Malta (símil de la fiscalía chilena), la que a su vez ha recibido ayuda de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público.
Fue recién con la presentación de cargos de la SEC que el asunto en la isla europea se apuró e incluso Chang estuvo detenido dos semanas, antes de poder pagar los 100 mil euros para su libertad. En las audiencias por la extradición, el mismo Chang ha pedido que no se le expulse porque sufre una "persecución política en Chile". El asunto debiera comenzar a zanjarse en abril próximo, plazo que dio la corte maltesa para que la Procuraduría entregue sus argumentos finales. Si Chang vuelve a Chile, y es retenido en una cárcel común, dicen los querellantes, "los millones los va a empezar a soltar".
