En 1989, penúltimo año de su primer gobierno, Alan García estableció 12 regiones autónomas en Perú. En ese momento, la administración aprista sufría un desastre económico e intentaba obtener algún tipo de ganancia electoral. Pero la idea fue un fracaso: los nuevos gobiernos regionales no tuvieron recursos fiscales propios y luego Alberto Fujimori (1990-2000) los suprimió, volviendo a un sistema centralizado. Una década después, Alejandro Toledo (2001-2006) impulsó una ley para descentralizar Perú y 25 gobiernos departamentales fueron electos en 2002, uno por cada zona del país. Sin embargo, este sistema se ha convertido en un completo desastre.

El proyecto original contemplaba que los nuevos jefes departamentales electos en 2002 debían fusionar sus departamentos para transformarlos en seis o siete grandes regiones. Esto se sometió a votación en un referendo de 2005 que no tuvo éxito, como tampoco las iniciativas piloto de asociación de zonas como Amazonas y San Martín. Pero la controversia estalló recién este año, debido a las denuncias de corrupción contra los presidentes regionales. Nada menos que 19 de los 25 líderes departamentales están siendo investigados por casos que van desde malversación de fondos y licitaciones ilícitas, hasta peculado y colusión.

Los jefes de los departamentos se han convertido en una suerte de "señores feudales" con gran autoridad económica y política, pero que hoy representan un dolor de cabeza para el gobierno de Ollanta Humala y para la ciudadanía. La situación es tan crítica que el presidente regional de Ancash, César Alvarez, está en una cárcel de alta seguridad acusado de homicidio, mientras que el líder de Pasco, Kléver Meléndez, fue detenido el martes por corrupción. Y un tercero (Gerardo Viñas, de Tumbes) estaba siendo buscado por la policía, porque puso a la venta 36 hectáreas de terrenos públicos en una exclusiva playa.

Según la procuraduría anticorrupción, los presidentes departamentales cuestionados deberán responder por 158 casos de corrupción. Estos representantes manejan presupuestos millonarios y son "amos y señores" de zonas mineras o departamentos ricos en agricultura. El despilfarro es total. No sólo los gobernantes departamentales están bajo la lupa, sino que, también, los funcionarios de menor rango. La región de Ayacucho, por ejemplo, tiene el récord de corrupción, con 260 casos, de acuerdo con el diario limeño La República. Todos estos casos, que en el último mes han estado en la primera plana de los principales medios peruanos, han generado un debate sobre la necesidad de reformar este sistema.

Además, en octubre se realizarán elecciones regionales. Eso sí, el Congreso comenzó a debatir que a partir de 2018 se prohíba la reelección de los presidentes y alcaldes departamentales. Según dijo a La Tercera el analista y ex ministro del Interior de Toledo Fernando Rospigliosi, "al principio del gobierno toledista el Congreso aprobó por unanimidad la descentralización y ahora los otros grupos pretenden cargarle la culpa sólo a Toledo. La mayoría ciudadana considera que todos los políticos son corruptos y por eso apoyan al que 'roba, pero hace obra' porque hay muchos políticos ladrones que no hacen obra".

Mirko Lauer, columnista de La República, estima que "las contralorías regionales han despertado de un largo sopor. Sin duda ha habido un descuido compartido frente a las regiones. El Ministerio de Economía, que suelta el dinero para las gestiones, ha estado preocupado, sobre todo, de que los proyectos se ejecuten. Nunca indagó sobre mayores detalles de los gastos. Así, el canon volvió un arca abierta casi sin fiscalización".