EL GOBIERNO ha señalado  que aumentará la cobertura del bono solidario de alimentos que dio a conocer el Presidente de la República en su reciente discurso del 21 de mayo. De esta forma, el beneficio llegará ahora a unas dos millones de familias, añadiéndose 300 mil favorecidas al plan original. El anuncio confirma la naturaleza política de esta ayuda, a la vez que su amplio alcance desafía criterios básicos por los que se han regido las políticas sociales implementadas en el país durante las últimas décadas.

Actuando en coherencia con las críticas que en su momento lanzó la Alianza por Chile contra el gobierno anterior, cuando éste promovió la entrega reiterada de bonos a sectores de la población,  la actual administración había limitado el recurso a esta herramienta de ayuda social, utilizándola sólo en una ocasión. Sin embargo, ahora vuelve a hacerlo en momentos en que el país se apresta a entrar en pleno período electoral y cuando los niveles de respaldo popular a la gestión presidencial se encuentran en niveles muy bajos en aquellos grupos que terminarán recibiendo el beneficio. El argumento de que los problemas de apoyo en esos sectores socioeconómicos serán superados a través de la entrega de bonos es cuestionable. Sin ir más lejos, es necesario recordar que, pese a que otorgó seis de estos beneficios durante su último gobierno, la Concertación igualmente perdió las últimas elecciones presidenciales.

Los anuncios sobre la distribución del bono y la ampliación de su cobertura -según el Presidente de la República, el aporte debería llegar a la mitad de las familias del país- tienen lugar justo cuando ha sido promulgada recientemente la legislación que crea el denominado Ingreso Etico Familiar (IEF), una herramienta dirigida a los sectores más vulnerables que entregará ayudas directas, en muchos casos condicionándolas al cumplimiento de metas como la realización de controles de salud y la asistencia a clases de los hijos de las familias que las reciban. Parece, sin embargo, redundante otorgar un bono de cobertura amplia que se reparte sólo una vez, justo en momentos en que las familias que más necesitan transferencias desde el Estado las comenzarán a recibir muy pronto y de manera sostenida gracias a la entrada en vigencia del IEF.

A diferencia de lo que ocurre con éste, y definido en los términos amplios en que ha sido concebido, el bono solidario de alimentos vulnera un criterio básico de las exitosas políticas sociales que ha implementado Chile en las últimas décadas: la focalización del gasto social. Además de promover la mejoría de indicadores sociales clave, ésta ha permitido un uso más eficiente de los recursos, al facilitar mecanismos que permiten minimizar las posibilidades de que las ayudas no lleguen a quienes realmente más las necesitan, resguardando al mismo tiempo el buen uso de los fondos públicos. La extendida cobertura que tendrá el bono propuesto va en sentido contrario de ese criterio.

El proyecto que autoriza la repartición del bono y define sus características y cobertura tendrá discusión inmediata en el Congreso. Dadas las expectativas que ha generado el anuncio y la existencia de un ambiente político favorable a la entrega de este tipo de beneficios, se espera que, después de un pronto trámite legislativo, sea aprobado para que pueda ser distribuido a fines de junio y principios de julio.