Preocupación e incertidumbre por los cambios que introduce la Ley de Inclusión. Esas son las razones que llevaron a una agrupación de apoderados de colegios subvencionados, en Antofagasta, a manifestarse en contra de la iniciativa que lleva poco más de un año en vigencia.
De acuerdo con Rodrigo Antilef, vocero de Apoderados Subvencionados del Norte, alrededor de 5 mil personas participaron de la marcha.
Según él, los padres apoyan la idea de que los colegios pasen a ser fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, sostiene que la forma en la que se debe llevar a cabo el proceso perjudica a los establecimientos.
En ese sentido, el apoderado explicó que las transformaciones no se pueden hacer en las condiciones que impone la ley. "Los sostenedores están dispuestos a ser fundaciones, el problema es la participación de la banca y que la venta de los colegios se hará a precios bajos, porque el avalúo fiscal que se usará es mucho más reducido que el comercial". En la región, alrededor de 17 colegios cerrarán y otros 15 pasarán a ser particulares pagados, según Antilef. "Esta ley fue pensada para Santiago, está hecha con un centralismo terrible que afecta al resto de las regiones", dijo.
Respecto a la molestia de los padres, el senador Pedro Araya (Ind.), señaló a Radio Carnaval de Antofagasta que la mayoría de los sostenedores del país quedaron de acuerdo con las modificaciones que se hicieron a la iniciativa y que el problema es que "acá se cobra el copago más alto del país y hay problemas con los valores de los inmuebles. Me he reunido con los apoderados y sostenedores, y vamos a presentar propuestas al gobierno para tratar de dar una solución".
En tanto, en Iquique, más de 300 familias se manifestaron frente al colegio Hispano Británico, que hace algunas semanas anunció que el establecimiento dejará de ser subvencionado a partir del próximo año y pasará a ser particular pagado, aumentando la colegiatura de $ 106 mil a $ 280 mil. La noticia sorprendió a los padres. Andrea Jiménez, vocera del Centro General de Apoderados, señaló que "esto no es contra el sostenedor, tiene que ver con una ley que no consideró la realidad de todas las regiones", dijo la apoderada, quien agregó que el gobierno debe reestudiar la legislación.