La noche del jueves, un grupo de apoderados del Instituto Nacional, autodenominados "Contra la Toma", subieron a internet una solicitud para exigir al rector del colegio, Fernando Soto, que imponga sanciones administrativas, estipuladas en el Manual de Convivencia del colegio, contra los estudiantes que dirigen la toma.
En la carta se apunta directamente a los integrantes del centro de alumnos del liceo (Cain) "y todos quienes resulten responsables de la ocupación ilegal del establecimiento durante el presente mes".
De acuerdo a la solicitud, el Cain convocó los estudiantes a pronunciarse sobre la realización de movilizaciones, "con el fin de obtener respuestas a un pliego de exigencias. Si bien el Cain no definió en su oportunidad lo que significaba la movilización, hay que señalar que entre ellas se contaba el paro y la toma u ocupación ilegal del establecimiento".
Según los apoderados de la organización, la votación, que se realizó el 6 de junio y las otras dos que se han hecho, son ilegítimas, porque el Cain "carece de atribuciones para someter a sufragio medidas de fuerza y violencia". Esto, señalan, habría vulnerado el derecho a la educación de los alumnos del liceo.
Por todo eso, los apoderados piden que el colegio sancione a los integrantes del centro de alumnos y a quienes han participado de la toma con suspensión o condicionalidad de matrícula para quienes hayan estado en la ocupación y cancelación de matrícula o expulsión "a quienes hayan convocado y organizado la toma o bien facilitado medios materiales o financieros para su realización". En este caso, se estaría hablando específicamente de los miembros del Cain.
Cristián Urzúa, abogado que está asesorando a los padres, dijo que la idea de la solicitud fue de los propios apoderados. Urzúa sostuvo que debido a que no se está cumpliendo un fallo de la Corte Suprema de 2014, que señala que los alumnos no se pueden tomar los colegios, "los apoderados decidieron pedir que se cumpla el Manual de Convivencia, que fue firmado por el Cain".
Urzúa remarcó que el centro de alumnos no tiene la facultad para presentar a sufragio medidas de fuerza. "Pueden votar días de reflexión, pero no la toma del establecimiento. Como el Cain convocó a las elecciones, ellos son los responsables de la toma".
Mario Benavides, presidente del centro de ex alumnos del colegio, hizo un llamado a los dirigentes del colegio a "actuar con responsabilidad. Las tomas no son el camino, por más que se intenten legitimar mediante una votación. Se hace necesario que ellos busquen otros medios de movilización que sean más creativos y que permitan visualizar mejor sus inquietudes".
Pero desde el centro de alumnos se defienden. Giordan Frías, vicepresidente del Cain, señaló que ellos representan a los alumnos del colegio "y eso es algo que los apoderados no entienden. Igual, nos parece que ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran, pero no creemos que vaya a resultar". Agregó que "si tenemos que representar a quienes serán demandados, no tenemos problema con eso".
El estudiante añadió que han realizado limpieza y que se están haciendo "clases éticas" entre los mismos alumnos. Además, se fijó para el próximo jueves una nueva votación para mantener o bajar la toma.
Una situación similar ya se vivió durante la semana, luego de que la comuna de Santiago, en el marco de la política "rompe-paga", presentara una demanda contra el centro de alumnas del Liceo Teresa Prats y sus apoderados. Según el municipio, los dirigentes habrían incitado la toma que terminó con daños por más de $ 3 millones.
Con todo, el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, señaló durante la tarde de ayer que el desalojo del colegio era inminente. El edil agregó que la votación del jueves "no la reconocemos porque el acto que busca es una ocupación ilegal, por lo que es inválida y vamos a actuar".
