La ejecución de Troy Davis en Georgia, pese a las dudas sobre su culpabilidad y el rechazo suscitado a nivel mundial, ha reabierto el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
Según una encuesta de la firma Gallup, el apoyo público a la pena capital para los homicidas y asesinos disminuyó en EEUU del 76% en 1991 al 65% el año pasado. La oposición a esta medida, en tanto, aumentó del 18% al 31% en el mismo período.
Pero esa oposición sigue siendo una minoría. Salvo delitos federales, la casi totalidad de las 3.250 personas que esperan su cita con los verdugos y de las 1.269 ejecutadas desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976, fueron juzgados y condenados por delitos en cada estado.
Actualmente, 34 de los 50 estados del país cuentan con la pena de muerte y aunque varios de ellos han suspendido las ejecuciones, entre sus residentes el respaldo a ese castigo es firme.
En un reciente debate televisado, el gobernador de Texas, Rick Perry, ganó aplausos y ovaciones entre la audiencia en el Centro Presidencial Ronald Reagan cuando se hizo mención al hecho de que bajo su gestión ese estado ha ejecutado 234 personas.
Y aunque los estadounidenses oyen las quejas internacionales, el debate en este país, cuando surge periódicamente, se centra menos en la abolición o no de esta condena que en las dudas sobre la culpabilidad de un condenado en particular.
Las dudas sobre la "justicia" en la pena de muerte se han extendido en la última década y media, cuando nuevas técnicas forenses han demostrado la inocencia de por lo menos 138 condenados a la ejecución.
Pero los partidarios de la pena de muerte argumentan que su aplicación cierra un capítulo doloroso para los familiares y seres queridos de la víctima del ejecutado.
Anneliese MacPHail, de 77 años y madre del policía asesinado en Savannah, fue una de los testigos que el martes argumentaron una vez más ante el Comité de Prisiones y Libertad Condicional de Georgia en favor de la ejecución de Troy Davis. La hermana de Davis, Martina, replicó por su parte en declaraciones a la cadena de radio NPR que "la muerte de Troy no confortará a la familia MacPhail. Nunca van a alcanzar la justicia porque el asesino no fue Troy".
Poco antes de la medianoche en la prisión Diagnostic de Jackson, en Georgia, los verdugos ataron a Davis a una camilla y le inyectaron una mezcla letal. Cuatro horas antes en Huntsville, Texas, verdugos habían puesto fin a la vida de Lawrence Brewer, un blanco de 44 años, miembro de un grupo racista condenado por el asesinato en 1988 de James Byrd, un hombre negro de 49 años.
