El Senado aprobó ayer en general el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, con 26 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones. La iniciativa, ingresada en noviembre de 2011 al Congreso, busca fiscalizar de mejor forma a las instituciones de educación superior.
"Esperamos que el Congreso discuta y apruebe los proyectos que crean la Superintendencia de Educación Superior, la Agencia Nacional de Acreditación y el proyecto que cambia el sistema actual sobre de Financiamiento Estudiantil, los que nos permitirán proteger de mejor manera a los jóvenes que desean continuar en la educación superior", dijo el ministro de Educación Harald Beyer.
Dentro de las facultades que tendrá la Superintendencia de Educación Superior, está poder exigir a los distintos planteles sus estados financieros auditados y que estos entreguen públicamente todos los datos sobre los términos y condiciones de los contratos que se ofrecen a los alumnos.
Además fiscalizará el cumplimiento de la norma que regula las operaciones entre las instituciones de educación superior y personas relacionadas, y mantendrá un registro público de socios o miembros y directivos de éstas.
También deberá velar porque la rendición de las evaluaciones y el otorgamiento de títulos no estén condicionados a exigencias monetarias que no hayan sido informadas públicamente a los alumnos.
PROYECTO DE ACREDITACIÓN
El senador independiente Carlos Cantero, se refirió al proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación de Educación Superior, señalando que es importante el rol que le compete al Estado en la materia. "El Estado debe regular, es vital que lo haga, mas no se trata de reconocer títulos y grados solamente, pues hay tópicos más complejos como los tipos y categorías de gestión universitaria".
"Debe existir obligatoriedad, tanto para las Universidades como para las carreras, no podemos establecer sistema o mecanismos a medias, porque de lo contrario nos seguiremos encontrando con realidades como la de la Universidad del Mar, donde el Estado no actuó y se impuso las reglas del mercado, lo que es aberrante", añadió el congresista.
Mario Waissbluth, Coordinador Nacional de E2020, señaló que un punto preocupante del proyecto es que para obtener la acreditación institucional deben acreditarse sólo 2 carreras al azar (además de Medicina y Pedagogía, cuya acreditación sería obligatoria, igual que hoy día).
"Esto nos parece peligroso, pues no aseguraría calidad ni se haría cargo de la gran heterogeneidad y complejidad que tiene el sistema. Proponemos que el requisito sea al menos dos carreras de cada facultad, y/o escuela y/o sede de la institución a acreditar, según sea el caso", afirmó Waissbluth.
Asimismo, señaló que "el actual proyecto no se hace cargo de casos tan emblemáticos como el de la Universidad del Mar: no protege de manera adecuada a los alumnos en caso de pérdida (o no obtención) de acreditación y no establece la figura de un interventor que se ocupe procesos de cierre, preocupado centralmente de la continuidad de giro o cierre ordenado o absorción, para proteger a los estudiantes".
